El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) pocas horas después de que se conociera que el Premio Nobel de la Paz había recaído en Navi Pillay, exjueza del tribunal y jurista sudafricana.

Washington justificó las medidas como una forma de defender la soberanía estadounidense y contrarrestar lo que considera una amenaza de la CPI. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que su país no reconoce la autoridad de la Corte para procesar a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o dirigentes políticos.

«O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI», declaró Rubio. No obstante, el Gobierno estadounidense concedió seis meses a los Estados miembros para que respondan a sus preocupaciones mediante acciones concretas.

Rechazo de la Corte Penal Internacional

La CPI rechazó las sanciones y advirtió que representan un ataque al Estado de derecho y al orden jurídico internacional. En un comunicado, sostuvo que las medidas buscan obstaculizar la justicia e impedir que el tribunal cumpla sus funciones.

La Corte recordó que fue establecida mediante un tratado internacional y que cuenta con 125 países miembros. Además, instó a sus integrantes a adoptar medidas para garantizar la continuidad de sus operaciones.

Reacciones internacionales

La Unión Europea criticó la decisión estadounidense y expresó su disposición a tomar medidas para que la CPI continúe investigando y enjuiciando crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido también manifestaron su «profundo desacuerdo» con las sanciones. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la medida de «inaceptable», mientras que Amnistía Internacional llamó a resistir el ataque estadounidense.

Según medios internacionales, Israel fue el único país que respaldó públicamente las sanciones anunciadas por Washington.