Una candidata electoral fue asesinada a balazos el martes por la tarde en Moroleón (50.000 habitantes, Guanajuato) cuando participaba en actos de campaña. Alma Barragán era la aspirante a la presidencia de ese pueblo por Movimiento Ciudadano, un partido que ha sufrido la muerte de su tercer político en menos de dos semanas.
El 14 de mayo, las balas acabaron con la vida de Abel Murrieta en Cajeme (Sonora) también en una cita electoral. Y un candidato a síndico por Landa de Matamoros (Querétaro), Arturo Flores Bautista, fue hallado muerto el pasado domingo. En este último caso, el presunto homicida fue Emmanuel Trejo, hermano del candidato a la presidencia municipal de la demarcación por el PRI, Jonathan Trejo Ramírez.
El coordinador nacional de la formación, Clemente Castañeda Hoeflich, ha condenado el crimen contra Barragán en las redes sociales y mandado su pésame a la familia. Además, ha solicitado el esclarecimiento de lo ocurrido y la condena de los culpables, algo difícil en México, donde las altas cotas de impunidad casi impiden hablar de justicia.
El ataque contra la candidata por parte de varios hombres armados ha dejado heridas a dos personas más. Antes de que eso ocurriera, Barragán había dejado un vídeo en el que comunicaba su paradero e invitaba a los vecinos del lugar a acompañarla: “Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en La Manguita con Pedro Guzmán. Si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas, para convivir un momento. Muchas gracias, aquí los espero”. Hasta allí llegaron los asesinos con sus pistolas.
México se acerca a uno de los comicios más grandes de su época contemporánea, donde se elegirán alrededor de 20.000 cargos, 15 gobernadores y los diputados de la Cámara de Diputados y de los congresos locales. Pero la violencia está siendo muy acusada, hasta el punto de limar la democracia en la que deben desenvolverse estos procesos. Rara es la semana en que no hay que lamentar un muerto y cada día se suceden las amenazas y las agresiones, no solo contra candidatos, también contra sus colaboradores y familiares.
La violencia iguala ya esta convocatoria con la de 2018 y más de 230 candidatos han solicitado protección. No es fácil para ellos, puesto que para garantizarla deben informar a las fiscalías de la ubicación de sus actos electorales y no todos se sienten seguros al confiar esta información. A la espera de que se hagan públicos los últimos datos mensuales, ya se puede afirmar que las víctimas mortales se acercarán, si es que no superan esa cifra, a las 80, entre políticos aspirantes y candidatos; y las agresiones de toda clase se sitúan alrededor de las 500, un 64% más que en el mismo periodo de 2018. Es la segunda campaña más violenta desde 2000.
Entre las agresiones se incluyen amenazas, como las de la candidata de Morena en Metepec (Estado de México), Gabriela Gamboa, contra la hija de su rival a la alcaldía. “Sabes con la niña lo que puedo hacer, ¿verdad? Recuérdaselo cabrón, ¿quieren putazos? ¡Los tienen, güey!”, se escucha en una grabación. El candidato de Va por México, Fernando Flores, la ha responsabilizado de cualquier cosa que pueda ocurrirle a su familia o a su equipo.
Las amenazas no son bravuconadas en México, porque la muerte hace su presencia con facilidad cuando antes hubo avisos. En Valle de Bravo, la candidata a presidenta municipal de la coalición Va por México, Zudikey Rodríguez, recibió recientemente una advertencia: apártate o te apartamos. Y ha abandonado la campaña, al menos no hace acto de presencia en ella. El silencio alrededor de este asunto es ahora el protagonista.
Los secuestros también son comunes en tiempo electoral. El candidato a síndico antes mencionado, Arturo Flores Bautista, fue secuestrado unos días antes. Y el diario El Universal informó el martesde que el candidato del Partido Verde Ecologista de México Omar Plancarte fue subido en Uruapan a un coche por la fuerza el martes por la mañana cuando salía de una de sus propiedades en el municipio de Villa Jiménez. Se desconoce su paradero. Uruapan (Michoacán) es una plaza complicada porque se trata de una de las ciudades más violentas de México.
Los datos que cada mes recaba la consultora Etellekt informan además de que estas elecciones ya se han cobrado la vida de 28 familiares de políticos, con cifras cerradas de abril, que con toda probabilidad se verán incrementadas al revisar mayo. Los candidatos municipales son el blanco favorito de los criminales, que buscan torcer el pulso a la soberanía del pueblo decidiendo con las balas quién puede o no asumir el gobierno de cada pueblo. No todo es atribuible al narcotráfico, según ha contado en varias ocasiones Rubén Salazar, presidente de Etellekt.
Son muchos los intereses económicos y de poder que están en juego en estos lugares, en los que el cacicazgo no quiere soltar su posición predominante. Tan es así, que el mayor número de asesinatos se concentran entre aquellos candidatos que aspiran a desbancar al partido que está gobernando.
Amenazas, secuestros, muertes. Las balas están silenciando muchas voces en esta campaña. Y con ellas se debilita cada día más la democracia en México. De poco parece servir el proyecto puesto en marcha por el Gobierno para dar protección a los candidatos. Los ciudadanos creen resignados que antes de que se abran las urnas, el 6 de junio, otros políticos habrán perdido la vida de forma violenta.
