El proyecto de derechos humanos ruso Gulagu.net empezó a publicar esta semana varios videos que muestran casos de violaciones y torturas en algunas prisiones rusas. Su fundador, Vladímir Osechkin, declaró que recibieron y sacaron del país “un archivo secreto” de 40 GB con más de 1.000 videos.
“Esta es la más difícil de todas nuestras investigaciones independientes durante los últimos 10 años”, escribió Osechkin en Facebook, agregando que la organización —que en mayo de este año trasladó su trabajo a territorio de la UE— va a publicar los videos por etapas.
Qué se ve en los videos
El primer lote de las publicaciones contenía grabaciones hechas en el hospital de tuberculosis №1 (OTB-1) de la Administración del Servicio Penitenciario Federal (FSIN, por sus siglas en ruso) en la provincia de Sarátov. Los videos fueron entregados por un exprisionero que tuvo acceso a las computadoras en la cárcel durante 5 años.
En uno de los videos, grabado el 18 de febrero de 2020, se ve cómo un hombre mete un palo en el ano a un individuo desnudo, con las manos y pies atados. Al mismo tiempo, otra persona ayuda a mantener a la víctima en una posición con las piernas levantadas y una más le cierra la boca. En otras grabaciones también se observan violaciones, agresiones físicas y actos de humillación.
Posteriormente, Gulagu.net publicó también grabaciones de torturas que —señaló— fueron hechas en cárceles de las provincias de Irkutsk y Bélgorod y en las regiones de Kamchatka y Zabaikalie.
Casos de violación y extorsión en el hospital de la cárcel
El exprisionero Alexéi relató a RT que las violaciones y extorsión ocurren frecuentemente en el OTB-1. Cuando estaba en el hospital en el 2018, otros prisioneros le propusieron unirse a los ‘activistas’ —personas que colaboran con los jefes de la prisión, vigilan el cumplimiento de las reglas internas y pueden aplicar la fuerza contra otros prisioneros—, pero se negó a hacerlo.
En febrero del 2020, Alexéi y otros 5 prisioneros fueron golpeados y violados y todo fue grabado. Tras el suceso, los ‘activistas’ solicitaron que Alexéi les pagara 50.000 rublos (casi 700 dólares estadounidenses) y lo hizo, lo que, no obstante, no les impidió amenazarle con una violación con un palo poco después. “Se burlaban, propusieron elegir una fregona (trapero) concreta”, relató, agregando que estas personas lo obligaron a confesar falsamente que él planeaba junto con otros prisioneros organizar un motín en el hospital. Al salir en libertad, decidió presentar cargos.
Otro exprisionero, Vladímir Bóldyrev, también relató sobre los casos de extorsión. Dijo que la quinta celda en la división №8 del mencionado hospital se consideraba el lugar de torturas, porque fue era la única donde no había cámaras de vigilancia. Delante de la celda había un equipo de música y “los prisioneros saben que, cuando se pone música a todo volumen en el pasillo es que están ‘procesando’ a una persona en la celda №5, aunque no se puedan escuchar sus gritos”, indicó.
En el 2013, el entonces empleado del hospital penitenciario en la provincia de Sarátov, Dmitri Shadrin, denunció públicamente casos de agresión física en la entidad y se pronunció durante una reunión del grupo de trabajo para defensa de prisioneros ante la Duma Estatal rusa. No obstante, las fuerzas del orden no hicieron nada al respecto.
Inspección y ceses
Tras la publicación de los videos de la cárcel de la provincia de Sarátov, el FSIN y la Fiscalía General iniciaron investigaciones.
Desde el Servicio Penitenciario Federal señalaron que ya a finales de septiembre habían enviado documentos para despedir al jefe de la Administración del FSIN en la provincia de Sarátov, coronel Alexéi Fedótov, por “deficiencias serias” en su trabajo. Además, fueron cesados altos funcionarios del hospital: el jefe, coronel Pável Gritsenko; el jefe adjunto de seguridad y trabajo operativo, coronel Serguéi Sálov; el jefe de división de operaciones, mayor Antón Bochkov, y el jefe de división de seguridad, teniente coronel Serguéi Máltsev.
Mientras tanto, el Comité de Investigaciones ruso inició 7 causas penales: 5 en virtud del artículo 132 del Código Penal (acciones de violencia del carácter sexual) y 2 en virtud del artículo 286 (abuso de autoridad, realizado con el uso de violencia y amenaza de su uso). Indicó que los crímenes tuvieron lugar entre enero del 2020 y mayo del 2021.
