El Gobierno de Costa Rica comenzará este año la construcción de una prisión de máxima seguridad para albergar a criminales de alta peligrosidad, siguiendo el modelo de la megacárcel desarrollada en El Salvador durante la administración del presidente Nayib Bukele.

El ministro de Justicia costarricense, Gerald Campos, confirmó el anuncio ante una comisión legislativa encargada de aprobar el presupuesto de la obra, la cual fue adelantada de 2026 a 2025 debido al agravamiento de la violencia vinculada al narcotráfico. El funcionario explicó que la decisión surgió en 2024, tras la visita oficial de Bukele a Costa Rica y la posterior colaboración técnica del gobierno salvadoreño.

“Si no hacemos esto, el sistema va a colapsar y nos exponemos a conflictos internos, tomas de rehenes y motines”, advirtió Campos, señalando que las cárceles del país tienen una sobrepoblación cercana al 30 % y que, en las condiciones actuales, líderes criminales continúan dirigiendo operaciones desde prisión.

El proyecto, denominado Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), tendrá capacidad para 5.100 reclusos —un aumento del 40 % en la capacidad penitenciaria nacional— y requerirá una inversión de 35 millones de dólares. El Salvador ha brindado asistencia en los planos, el modelo constructivo y la tecnología de seguridad, replicando en parte el diseño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel más grande de Latinoamérica con espacio para 40.000 internos.

La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente inseguridad en Costa Rica, donde la violencia es atribuida a disputas entre bandas narcotraficantes, incluidas estructuras internacionales, que buscan controlar rutas y mercados de droga. El país, que durante años fue considerado el más seguro de Centroamérica, registró en 2023 un récord histórico de homicidios con una tasa de 17,2 por cada 100.000 habitantes. Aunque 2024 presentó una leve baja, en 2025 los asesinatos han vuelto a incrementarse, sumando ya 543 casos.

La seguridad es actualmente la principal preocupación de la población, de acuerdo con encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, y se perfila como tema central en la campaña presidencial rumbo a las elecciones de febrero de 2026.