La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una demanda de emergencia del gobierno federal para obligar al estado de California a separar los votos de más de 20,000 personas por supuestas dudas sobre su nacionalidad. La resolución, emitida un día antes de las elecciones de mitad de mandato, fue dictada mediante una orden de una sola frase, sin firma ni explicaciones adicionales.

El gobierno había señalado inicialmente a 190,000 votantes supuestamente irregulares, cifra que luego ajustó a 20,000. Previamente, jueces de tribunales federales inferiores también desestimaron la petición, argumentando que la metodología para elaborar las listas era defectuosa y que la medida exigida por el poder ejecutivo atentaba contra los procedimientos electorales constitucionales administrados por el estado.

La decisión del máximo tribunal permite que el escrutinio en California continúe sin las restricciones solicitadas. Este recurso legal se desarrolló en el contexto previo a los comicios legislativos, en los cuales se define el control del Congreso estadounidense.