Una alianza de congresistas republicanos y demócratas presentó este martes una nueva versión del Dignity Act, una ambiciosa propuesta de reforma migratoria que busca, al mismo tiempo, frenar la inmigración ilegal y brindar una vía de protección temporal para millones de indocumentados en EE.UU.

El proyecto fue anunciado por las congresistas María Elvira Salazar (republicana por Florida) y Verónica Escobar (demócrata por Texas) en una conferencia de prensa frente al Capitolio. Ambas legisladoras recalcaron que el sistema migratorio estadounidense está roto y necesita una solución integral. Por ello, instaron al presidente de la Cámara, Mike Johnson, a permitir su debate legislativo.

Protección para quienes llegaron antes de 2021
Una de las disposiciones clave del proyecto es el otorgamiento de un estatus legal temporal a los inmigrantes que hayan ingresado al país antes de 2021. Estos migrantes podrían obtener un permiso de trabajo de hasta siete años, renovable según su comportamiento y cumplimiento de ciertos requisitos.

Para acceder al beneficio, los solicitantes deberán pagar cuotas de restitución, someterse a revisiones de antecedentes y mantener contacto regular con el Departamento de Seguridad Nacional. No obstante, el estatus no otorgará acceso a beneficios federales ni a un camino a la ciudadanía, y se desconoce si incluiría permisos de viaje a los países de origen.

El grupo más beneficiado sería el de jóvenes bajo el programa DACA, quienes sí podrían obtener residencia permanente, según la propuesta.

Refuerzo al control migratorio
El Dignity Act también contempla medidas estrictas para frenar la inmigración ilegal. Entre ellas, se incluye el fortalecimiento de la seguridad en la frontera, cambios en el sistema de asilo —impidiendo que los solicitantes esperen sus audiencias en libertad—, y la implementación obligatoria del sistema E-Verify para verificar el estatus migratorio de empleados.

Además, se prevé una modernización de las categorías de visas, ajustándolas a las necesidades laborales actuales del país.

Un proyecto con autofinanciamiento
Una diferencia clave respecto a versiones anteriores del Dignity Act es que esta nueva iniciativa no depende del presupuesto federal. Todo el financiamiento provendría de pagos de los propios inmigrantes, según explicaron las legisladoras.

Salazar defendió la propuesta como una “solución realista” que combina orden y compasión: “Es hora de asegurar la frontera, detener la inmigración ilegal y dar una oportunidad digna a quienes llevan años contribuyendo al país”.

Escobar, por su parte, pidió voluntad política a sus colegas: “Este es un compromiso sensato que podemos aprobar. Ya no podemos seguir postergando una reforma”.