Unas 40.000 personas se vieron forzadas a permanecer confinadas en Colombia durante el primer semestre de 2026 para resguardar su vida en medio del conflicto armado, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Según los organismos, la fragmentación e intensificación del conflicto ha derivado en un incremento de estos episodios, en los que grupos armados ilegales restringen la movilidad de las comunidades y limitan el acceso a servicios y derechos básicos durante semanas o meses.

La defensora del pueblo, Iris Marín, señaló que una parte importante de los casos afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes, cuyos territorios presentan condiciones de aislamiento y limitaciones institucionales. “Una proporción significativa de los eventos de confinamiento afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes (…), lo que agrava el riesgo humanitario y limita la pervivencia cultural”, expresó.

Los departamentos más impactados por esta situación son Cauca, Chocó, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Putumayo, Magdalena, Meta y Guainía, donde la problemática se ha intensificado.

De acuerdo con los informes, el confinamiento pone en riesgo la supervivencia de comunidades enteras, afecta su vínculo con el territorio y restringe derechos fundamentales como salud, educación, alimentación y vivienda.

El representante de Acnur en Colombia, Giovanni Lepri, advirtió que se trata de una problemática en aumento que requiere mayor claridad conceptual para impulsar acciones más efectivas. “Estamos frente a un tema que está aumentando, que necesita ser conceptualizado de manera más clara para poder tener acciones contundentes”, indicó.

Por su parte, Marín sostuvo que, aunque existen esfuerzos para atender a la población afectada, la respuesta institucional sigue siendo limitada.