Agrupación responsabiliza al Ejecutivo de que 2020 sea el año con más casos de agresiones a los comunicadores.
Captura de pantalla de un video donde se observa cómo un agente de la policía agrede al fotoperiodista Carlos Sebastian.
El 2020 registró 149 ataques y restricciones a la labor de los periodistas, así como tres crímenes, según la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), de lo cual responsabiliza al presidente Alejandro Giammattei.
La agrupación considera que Giammattei es el presidente con el mayor número de ataques a la prensa en un año, “lo cual es un mal presagio sobre lo que les depara a los medios de comunicación y trabajadores de la información durante lo que le resta de administración” hasta 2024. La Presidencia dijo que por el momento no se pronunciará sobre el reporte de la APG.
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El informe también critica que el Ministerio Público (MP) ha debilitado la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, contrario a los ofrecimientos de la fiscal general, María Consuelo Porras. Prensa Libre solicitó y quedó a la espera de una postura de la fiscalía.
Casos
A mediados de noviembre fue ultimado Mario Ortega, director de San José Total Canal 12, Escuintla. APG menciona que la Fiscalía Municipal de Puerto San José se negó a trasladar el expediente a la fiscalía especializada porque tenía la hipótesis de que el crimen podría obedecer a extorsiones y no a su labor periodística, pero eso contradice a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH que indica que en los crímenes contra periodistas no debe descartarse el móvil periodístico durante el desarrollo de la investigación.
Durante 2020 hubo 22 casos de agresiones donde estarían involucrados los agentes de las fuerzas de seguridad, policía y ejército.
La Presidencia dijo que por el momento no se pronunciará sobre el reporte de la APG.
Sobre los incidentes del 21 y 28 de noviembre, donde periodistas fueron agredidos durante protestas contra la aprobación del presupuesto de 2020, la APG señala que hubo “anuencia del presidente Giammattei y una mirada pasiva del MP”. Enumera como violaciones a la libertad de expresión y a los derechos humanos la aprehensión de una comunicadora social y documentalista; la agresión física y daño a equipo de un fotoperiodista independiente; la agresión física por parte de un infiltrado a una periodista, que casualmente meses atrás había sido víctima de acoso y amenazas por su cobertura en actividades para la despenalización del aborto.
También resalta la APG que Giammattei protegió del escrutinio público a Luis Miguel Martínez Morales cuando fue director del extinto Centro de Gobierno. En particular menciona que el 22 de diciembre, durante la presentación de la memoria del único año de funciones de la comisión, la entonces secretaria de comunicación, Francis Masek, no invitó a los medios ni permitió el ingreso de periodistas, “aduciendo que era una actividad institucional, olvidando que los actos de la administración son públicos”.
Agrega que “la opacidad y limitación a la información del gobierno no eran posibles sin el papel de Masek, que en distintas oportunidades fue señalada de no divulgar información, no informar oportunamente sobre las actividades, no gestionar las entrevistas con el mandatario o funcionarios gubernamentales, así como la oportunidad en la que canceló una transmisión en vivo cuando autoridades indígenas cuestionaban al mandatario”.
“Ante estas demandas populares, la APG señala que el mandatario debe rectificar su desastrosa relación con los periodistas y población en general y velar por el respeto de los derechos humanos”, recomienda la APG, que resalta la importancia de que sean removidos el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, el viceministro de seguridad, Carlos Enrique Franco Urzúa, y el director de la PNC, José Antonio Tzuban.
Según APG, en 2020 hubo 22 casos de agresiones donde estarían involucrados los agentes de las fuerzas de seguridad, policía y ejército.
Aparte, hubo acusaciones desde perfiles y páginas falsas de Facebook contra la periodista maya Ana Chen, integrante de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, en El Estor, Izabal, señalada de promover grupos dedicados al bloqueo en las carreteras de ese departamento, con el supuesto fin de cobrar extorsión a los automovilistas o realizar demandas a las autoridades.
Debilitamiento de fiscalía especializada
La APG criticó además que el Ministerio Público (MP) debilitó la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. Señaló que la fiscal general María Consuelo, si bien creó esa fiscalía especializada, ofreció en diciembre de 2019 un fortalecimiento, pero eso no ocurrió: su presupuesto de viáticos apenas fue de Q12 mil durante todo el año, solo hay un fiscal de sección y dos auxiliares fiscales -dos agentes fiscales renunciaron- para atender las denuncias; tiene tres vehículos asignados y un piloto, que fue suspendido por ser persona de riesgo ante la pandemia del coronavirus.
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