“Juntos lo hacemos mejor”, decía Alma Barragán, emocionada, en su último video, publicado el martes (25.05.2021) por la tarde. México se encuentra en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas, regionales y locales del 6 de junio, y la candidata a la alcaldía de la ciudad de Moroleón, en el centro del país, invitó a sus seguidores a un acto. Poco después, yacía en una camilla acribillada a balazos. El asesinato de Barragán, de 61 años, del Movimiento Ciudadano, de centro-izquierda, es el 88º en esta campaña electoral, según la consultora Etellekt.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se condolió por la muerte de Alma Barragán en su conferencia de prensa matutina del miércoles culpando al crimen organizado. La participación de la mafia en las campañas electorales, presentando a sus propios candidatos y asesinando a otros, no es nueva en México, subrayan los analistas. “No vemos mucho avance en el tema de la violencia política en este gobierno”, dice a DW el experto en seguridad Alejandro Hope. “El nivel de asesinatos de candidatos es proporcional al nivel de violencia del país, estos tres años son los más violentos en la historia, 85.000 homicidios dolosos en total. Eso habla de una fallida estrategia de seguridad”, añade por su parte, el profesor universitario y consultor político Rubén Aguilar.
Alcaldes en el punto de mira de los narcos
Barragán no partió como favorita en su municipio de origen, pero debido a su estilo refrescante consiguió un gran número de seguidores en las últimas semanas. No se conocía de antemano ninguna amenaza contra ella; sin embargo, su ciudad natal se encuentra en el estado de Guanajuato, especialmente asediado por los grupos mafiosos. Su asesinato, a plena luz del día durante un acto de campaña electoral, es sólo uno de los muchos en una espiral de violencia política: el mismo día, se produjo un ataque contra el candidato a la alcaldía Alberto Alonso en el balneario de Acapulco. Poco antes, tres candidatos murieron en Puebla. En Jalisco, el candidato a la alcaldía Pedro Kumamoto recibió una cabeza de cerdo como amenaza.
De acuerdo con la consultora Etellekt, se trata de la segunda campaña más sangrienta desde el año 2000, más brutal solo en 2018, cuando el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y su partido, Morena tomaron el poder. “La mayoría de los objetivos son candidatos a la alcaldía”, dice Hope. “Son importantes para la mafia por tres razones. En primer lugar, el control de la Policía municipal es estratégico. Además, las alcaldías son fuentes de información sobre la situación económica de los residentes, lo que es importante para los chantajes de protección. En tercer lugar, se trata de extorsionar al municipio o de conseguir contratos públicos”.
¿Democracia en peligro?
Etellekt advierte en su cuarto informe, publicado a principios de mayo, que la violencia política es un atentado contra la democracia y compromete la integridad, independencia y autonomía de las futuras autoridades. Sin embargo, según Hope, la democracia mexicana no está en peligro por ello. “La gran mayoría de los distritos son pacíficos. La violencia muchas veces no proviene del crimen organizado sino de opositores políticos, o tiene su origen en conflictos sociales”, dice Hope, quien estuvo en el Centro de Investigación y Seguridad nacional de México (CISEN) entre 2008 y 2011. Aguilar coincide: “La democracia en su conjunto no peligra, pero es una herida profunda de la democracia mexicana que en cada proceso electoral tengan que morir 100 mexicanos en disputas políticas. Hay 22 mil puestos en juego. Han sido asesinados 100, es un porcentaje pequeño, pero este debería ser cero.” Aguilar ve a tres responsables detrás de los asesinatos: la mafia, los candidatos opositores, u otros grupos de su propio partido que ven amenazadas sus privilegios.
Problema identificado, pero no resuelto
Según Hope, el gobierno actual ha reconocido el problema pero no ha encontrado una estrategia eficaz para detener la violencia. “Los mecanismos de protección que pueden solicitar los políticos, al igual que los periodistas y activistas de derechos humanos amenazados, son puramente reactivos en lugar de preventivos”, critica Hope. Pero los asesinatos, según él, son solo la punta del iceberg. El segundo método de la mafia, menos visible, dice, es la financiación de campañas. “Las autoridades electorales han diseñado mecanismos de control. Pero estos, en mi opinión, no son suficientes. Un océano de dinero ilegal sigue entrando en las campañas”.
El gobierno de López Obrador no ha encontrado una estrategia eficaz para detener la violencia.
Aguilar, que actualmente trabaja en la campaña en Sonora, cree que la estrategia de seguridad del gobierno es defectuosa. “La tasa de impunidad de los asesinatos es del 98 por ciento. Así que cualquier perpetrador puede asumir que no será perseguido”. La incompetencia de las fuerzas del orden es una de las razones, pero también lo es la falta de voluntad política. Una misión de observadores del Proyecto Delian de América del Norte, que pasó varias semanas en el país, demostró recientemente lo poco prioritario que es este asunto. Jean-Pierre Kingsley, antiguo jefe de la autoridad electoral canadiense, expresó después su preocupación por la compra de votos y candidatos, por la influencia de los cárteles y su control de facto en algunas regiones, y por las tensiones entre el gobierno y la autoridad electoral. La misión habló con representantes de numerosas instituciones y partidos, pero no ha sido recibida por el partido gobernante, Morena, ni por el canciller Marcelo Ebrard.
Posiblemente porque el partido gobernante tampoco está dando precisamente un buen ejemplo: en 2015, el hermano del actual presidente, Pío López Obrador, fue filmado aceptando sobres llenos de dinero en efectivo para la financiación de su campaña. Hasta ahora, la investigación no ha dado ningún resultado. Los candidatos del partido gobernante Morena están en las listas de buscados por Estados Unidos, entre ellos el candidato a la alcaldía de Huetamo (Michoacán), Rogelio Portillo Jaramillo, quien es buscado por la DEA estadounidense. El suegro de la candidata a gobernadora de Morena en Guerrero, Evelyn Salgado, fue detenido por delincuencia organizada, y su esposo y su padre también fueron investigados por ello, pero sin resultados.
