Amnistía Internacional (AI) instó a los gobiernos de Haití y El Salvador a garantizar el respeto a los derechos humanos durante las operaciones de más de 2,000 militares salvadoreños desplegados en Puerto Príncipe para combatir a las bandas armadas. El llamado fue realizado el 9 de noviembre por Ana Piquer, directora para las Américas de la organización.

Piquer señaló que el presidente, Nayib Bukele, y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, deben asegurar que las acciones de las tropas salvadoreñas cumplan con el derecho internacional. Además, pidió hacer público el acuerdo que respalda el despliegue y explicar cómo se supervisa a los militares y qué reglas regulan el uso de la fuerza.

La organización también expresó preocupación por la falta de claridad sobre las funciones del contingente salvadoreño. Según Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, la mayoría de estos efectivos no forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), por lo que están fuera de su mandato y de los mecanismos de información de Naciones Unidas.

El contingente salvadoreño llegó a Haití el mes pasado para apoyar la búsqueda de cuatro militares de esa nacionalidad que integraban la GSF y permanecen desaparecidos desde el 18 de octubre, tras una emboscada de bandas armadas en Croix-des-Bouquets.

AI advirtió que las operaciones de seguridad pueden aumentar los riesgos para la población haitiana y pidió investigar de manera independiente cualquier denuncia de abusos. También exigió esclarecer la desaparición de los cuatro militares salvadoreños y que sean liberados de inmediato si están en poder de grupos armados.