Una de las investigaciones más escalofriantes sobre abusos sexuales eclesiásticos cometidos en Argentina comenzó esta semana un capítulo crucial con el inicio del juicio a dos monjas, que están acusadas de haber participado en el circuito de agresiones que padecieron durante años decenas de niñas y niños sordos en el Instituto Antonio Próvolo, ubicado en la provincia de Mendoza.
Por este caso, que ha tenido impacto internacional, en noviembre de 2019 fueron condenados los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y el jardinero Armando Gómez. Durante el juicio se comprobaron 28 hechos de ataques y torturas sexuales en contra de 11 menores que tenían entre siete y 17 años de edad.
Ahora es el turno de Kosaka Kumiko, una monja japonesa de 46 años que fue detenida en 2017, después de haber permanecido prófuga, y que desde entonces enfrenta prisión domiciliaria en un convento.
La monja comenzó a trabajar en el Próvolo en 2007 y, de acuerdo con los testimonios de las víctimas, era quien las llevaba con los curas abusadores. Para ello, elegía a los niños más sumisos, a los que menos podían defenderse; les ponía pañales para cubrir las pruebas de las violaciones y también abusaba sexualmente de las niñas o les pedía que se tocaran entre ellas para verlas. Por eso enfrenta los cargos más graves: abuso sexual agravado, corrupción de menores y partícipe primaria por omisión.
La otra monja acusada es Asunción Martínez, de 53 años y oriunda de Paraguay. Ella trabajaba en el Próvolo desde 1997 y durante el juicio a los sacerdotes declaró como testigo, pero luego quedó imputada como “partícipe primaria” de abuso sexual porque una de las víctimas reveló que le contaba las violaciones sufridas, y la religiosa, en lugar de hacer la denuncia, las llevaba con un médico.
El resto de las acusadas son la representante legal Graciela Pascual; las exdirectoras del Instituto, Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán; la psicóloga Cecilia Raffo y la cocinera Noemí Paz. Se les imputa como “partícipes necesarias y/o secundarias por omisión”, ya que jamás denunciaron los abusos.
Maniobras
Después de que el juicio fuera postergado en diversas ocasiones por la pandemia, finalmente el tribunal comenzó las audiencias del lunes, de manera virtual. Se prevé que durará por lo menos cuatro meses, así que en septiembre podría conocerse el fallo de los jueces Horacio Cadile, Gabriela Urciolo y Rafael Escott.
El abogado de las monjas, Carlos Varela Álvarez, intentó una última maniobra al pedir la nulidad del proceso, lo que fue rechazado, al igual que su petición para que Cadile fuera apartado del juicio por supuesta parcialidad.
