A ocho meses de la salida de Maduro, venezolanos aún esperan cambios económicos
A más de ocho meses de la salida de Nicolás Maduro del poder y de la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia encargada de Venezuela, persisten problemas económicos y sociales que afectan a la población.
En Caracas han disminuido las vallas que pedían el regreso de Maduro y su esposa, Cilia Flores. En su lugar, aparecen anuncios comerciales, imágenes relacionadas con los terremotos del 24 de junio y mensajes del plan “Venezuela renace”, impulsado por las autoridades interinas para la reconstrucción de las zonas afectadas.
Rodríguez afirmó durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas que su administración desarrolla un proceso para construir un país “más libre para todos, más próspero y más reconciliado consigo mismo”.
Según datos citados del Banco Central de Venezuela, la inflación registró una variación mensual de 8.9 % en agosto, frente al 19.9 % de julio. La inflación acumulada durante los primeros ocho meses de 2026 alcanzó el 200.1 %, mientras que la interanual se ubicó en 534.2 %.
El salario mínimo se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022. A este monto se suman bonos calculados en dólares, con un ingreso mínimo mensual que oscila entre US$130 y US$240. En contraste, la canasta básica ronda los US$770 mensuales, de acuerdo con cifras del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas).
El reporte también señala problemas en el suministro eléctrico. En Caracas se registran interrupciones momentáneas que afectan sistemas y puntos de venta, mientras que en algunas regiones del país los apagones pueden extenderse hasta seis horas.
Acuerdos petroleros
Entre los cambios económicos previstos se encuentran acuerdos petroleros suscritos entre Caracas y Washington, que contemplan inversiones y convenios con empresas como Chevron, Eni y General Electric.
Rodríguez ha señalado que estos acuerdos buscan generar recursos para mejorar salarios, servicios de salud, educación y protección social.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, describió los convenios como “ganar-ganar” y sostuvo que podrían generar empleos, crecimiento económico y una reducción de la inflación.




