Vanesa Cáceres se enteró viendo las noticias. La muerte de su bebé, fallecido el 18 de marzo tras el parto en un hospital público de la ciudad de Córdoba, no había sido un caso aislado. La televisión interrumpió su luto el pasado 10 de agosto. Tras meses de silencio, la Fiscalía local anunciaba una investigación por la muerte de cinco recién nacidos en el Ramón Carrillo, un hospital materno-infantil de la segunda ciudad más poblada de Argentina, 700 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. “Se me vino el mundo abajo, estaban hablando de mi hijo”, contó Cáceres en un estudio de televisión días después, rodeada de otras madres que, como ella, empezaron a buscar respuestas tras ver las noticias. El caso sacude al país tras una semana en la que la investigación ha dado saltos a trompicones: el viernes pasado, la Fiscalía detuvo a una enfermera de 27 años acusada de homicidio e imputó a tres altos cargos del hospital por negligencia. La autopsia de los últimos bebés fallecidos reveló pinchazos inhabituales y un exceso de potasio que les fue inyectado intencionalmente.
El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba había iniciado una investigación interna a mediados de año, luego de que la muerte de dos recién nacidos la noche del 6 de junio encendiera las alarmas. Tras separar a 23 trabajadores del hospital, las autoridades encontraron “inconsistencias” en la atención de 13 recién nacidos. La investigación reveló que los bebés sufrieron hematomas en todo el cuerpo y heridas por inyecciones en la espalda. Las madres relataron además malos tratos. Según han afirmado los abogados de las familias, los ocho bebés que lograron sobrevivir sufrirán consecuencias irreversibles. De los cinco muertos, se sabe lo que revelaron las autopsias de los últimos dos: la intoxicación con potasio, que solo sucede si este es inyectado intencionalmente, lleva a la arritmia y a una muerte por paro cardiaco. Por las otras muertes, ocurridas el 18 de marzo, el 23 de abril y el 23 de mayo, se esperan estudios forenses.
La única detenida es una enfermera de 27 años que no tenía antecedentes penales. Brenda Agüero se licenció en 2018 y empezó a trabajar en el hospital Ramón Carrillo en diciembre de 2020. Comenzó alternando el trabajo en el hospital materno-infantil público con turnos en un centro privado. Según relataron su madre y varias compañeras a los medios locales, había asumido el horario nocturno en el Carrillo como una gran oportunidad en su carrera y trabajaba sin descanso. Desde el viernes duerme aislada en prisión. Es la única de cuatro imputadas que ha sido detenida. La Fiscalía la acusa de homicidio calificado reiterado tras la autopsia de los dos bebés que fallecieron el pasado 6 de junio. Además de la enfermera, la exdirectora del hospital y las jefas del servicio de Neonatología han sido acusadas de omisión de los deberes de funcionario público. El fiscal ha descartado su detención preventiva.
“Brenda nunca pensó que iba a ser ella la que iba a estar aquí en este momento”, defendió su abogado en una entrevista televisiva. Contó que la mujer está sedada contra los nervios en una celda aislada para evitar problemas con otras prisioneras. La enfermera había sido una de las suspendidas tras la investigación interna, y las madres de las víctimas afirmaron reconocerla tras su detención. “No es una chica, es un monstruo. Las cosas que ella me dijo no se las diría a nadie”, afirmó en una entrevista radial Damaris Bustamante, madre del bebé muerto el 23 de abril. “Yo lo veía bien, pero era mi primer hijo. No lo vi más hasta la terapia intensiva. A las 18, murió. Era hermoso, sano, todos los estudios dieron bien. No me podían explicar por qué su corazón disminuía los latidos”, contó después al diario La Nación.
Los compañeros de Agüero, en cambio, coinciden en que era reservada y trabajadora, que conocía los protocolos y no tenía problemas. “No se tomaba recesos ni descansos. Era una enfermera muy respetuosa de las órdenes que daban nuestros superiores”, contó una enfermera en la televisión local. “Estas cosas nos ponen mal. Pero lo que nos parece raro es que estando en el mismo hospital no nos hayamos enterado”.
La sospecha de que el Ministerio de Salud sabía lo que estaba pasando antes de que iniciara la investigación judicial alzó vuelo tras una publicación del canal de televisión El Doce TV, que a principios de este mes aseguró que la denuncia que desencadenó la investigación no la realizó el Ministerio, sino una doctora de guardia que se negó a firmar la autopsia de uno de los bebés fallecidos la noche del 6 de junio. A mediados de esta semana, el abogado de un grupo de madres afirmó que la enfermera detenida no podía ser la única responsable. “Lo que espera la querella es que se amplíe la imputación a otras personas, porque la actividad del neonatal sugiere que la responsabilidad no se agota en la enfermera”, dijo Carlos Nayi al diario Clarín. “¿Por qué no las muertes no se comunicaron antes a la Justicia? Se hubieran evitado nuevos daños y muertes, si lo hubieran hecho”. El jueves, tras meses frente a las críticas, el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, renunció a su cargo.
Cardozo dejó las oficinas del Ministerio ante los aplausos de gran parte de sus funcionarios, en una imagen que revela las grietas abiertas por la investigación judicial. El ministro renunció “con el profundo anhelo de que los hechos que son de público conocimiento del Neonatal se esclarezcan absolutamente”, según escribió en Twitter, y la oposición acusó al Gobierno peronista y a la Justicia de usar a la enfermera de “perejil”: una persona con un cargo bajo y sin imagen pública que se apunta como culpable para bajar las aguas.
Los trabajadores del hospital Ramón Carrillo, alrededor de 800 personas, se manifestaron esta semana en busca de solidaridad ante la estigmatización contra quienes no tienen nada que ver con la causa judicial. Las madres hicieron lo mismo, exigiendo justicia en las puertas del hospital. Ambos grupos coinciden en que la enfermera no puede ser la única involucrada.
