La corrupción destruye instituciones, erosiona el tejido social, cobra vidas humanas, arruina patrimonios familiares y deja indefensos a quienes deberían ser los principales beneficiarios de la actuación del Estado: los ciudadanos más pobres. Incluso, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, la define como “una de las enfermedades bacteriológicas más dañinas para la sociedad”.
Casos emblemáticos recientes, como Odebrecht en 10 países de Latinoamérica, o los escándalos derivados de los “Panamá Papers”, nos ilustran cómo los sistemas económicos y políticos, cuando adolecen de la falta de controles institucionales, de las herramientas adecuadas para la rendición de cuentas, del marco jurídico idóneo y, sobre todo, de una institucionalidad sólida, sucumben ante la tentación de la corrupción.
Pero, más allá de este caso, hay una parte cada vez mayor del sector privado que es social y económicamente responsable, que estima que la honestidad es buen negocio, porque, de lo contrario, a mayor corrupción, menor inversión y, por ende, menor crecimiento y mayor pobreza, un ciclo que, en el mediano y largo plazos, es insostenible.
Casos recientes de competencia desleal en el sector privado, como los ocurridos en algunas empresas y entidades financieras, nos demuestran que es el propio mercado quien castiga las utilidades de las compañías que realizan malas prácticas, pues no sólo perjudican la libre competencia, sino que distorsionan el papel que desempeña el consumidor en su capacidad de elegir.
El combate frontal a la corrupción es un elemento vital de la agenda política actual, por lo que varios países han puesto en marcha importantes esfuerzos.
Se debe castigar la corrupción para evitar la impunidad, que genera una sensación de desconfianza en las instituciones. ¿ Qué opinas de esto ?.