Durante una audiencia ante la jueza Kathleen M. Williams, de la Corte del Distrito Sur de Florida, Saab respondió “culpable, señoría”, después de que el pasado 24 de julio se declarara no culpable de los cargos en su contra.

Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, Saab aceptó colaborar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y proporcionar información “completa” sobre la investigación. El documento, de 12 páginas, contempla la entrega de documentos, registros y otras pruebas, así como testimonios que las autoridades consideren “veraces y completos”.

El acuerdo señala que Saab deberá aportar información relacionada con “altos funcionarios de Venezuela”. En el documento aparecen los nombres de Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano, además de dos personas cuya identidad no fue revelada. El nombre del presidente venezolano, Nicolás Maduro, no aparece mencionado en el acuerdo.

Saab reconoció que en 2015, durante la presidencia de Maduro, participó junto con “altos funcionarios del Gobierno” en un esquema que incluyó “sobornos” y “pagos ilegales” vinculados con el programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Según el Departamento de Justicia estadounidense, la investigación está relacionada con presuntos actos de corrupción y la explotación de un programa de asistencia social destinado a proporcionar alimentos a venezolanos vulnerables. El caso también contempla transferencias de dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos. Saab podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión.

El empresario compareció por primera vez por los actuales cargos el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos. Anteriormente, Saab había enfrentado cargos por lavado de dinero en Miami y quedó en libertad en 2023 como parte de un intercambio que involucró a una decena de prisioneros en Venezuela. Tras regresar a ese país, fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.