El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana ordenó que Ronald Danilo R. M., de 34 años, continúe procesado por el delito de infracción de las reglas de seguridad en perjuicio de la seguridad colectiva, tras la explosión registrada en una cohetería artesanal en Santa Ana.

De acuerdo con la resolución judicial, el caso pasará a fase de investigación sumaria durante 60 días hábiles. Además, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), al imputado se le impusieron medidas alternas a la detención, entre ellas presentarse cada diez días a firmar al juzgado, no salir del país y no cambiar de domicilio.

En el mismo proceso, el acusado concilió por el delito de lesiones culposas en perjuicio de un adolescente de 13 años. Según la información judicial, el acuerdo alcanzado con el representante legal del menor establece un pago de $1,200. Durante la audiencia inicial entregó $100 y deberá cancelar cuotas mensuales de $220 a partir del próximo mes hasta completar el monto en octubre de este año.

Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2026 en una vivienda ubicada en la lotificación Jardines del Ranchador, en el distrito de Santa Ana, donde funcionaba un taller artesanal de productos pirotécnicos.

Según las investigaciones, el adolescente llegó al lugar para jugar en el patio de la vivienda cuando ocurrió la explosión, la cual le provocó múltiples quemaduras.

La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana y posteriormente remitida al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, en San Salvador, debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, el menor presenta quemaduras de segundo grado en el rostro, lesiones en el 35 % de la superficie corporal y una úlcera en el ojo izquierdo. Las autoridades estiman que las lesiones tardarán aproximadamente 120 días en sanar, salvo complicaciones médicas.

El imputado fue capturado en flagrancia por lesiones culposas. Posteriormente, las autoridades incorporaron el delito de infracción de las reglas de seguridad luego de determinar que el taller no contaba con autorizaciones del Ministerio de la Defensa Nacional ni con certificación del Cuerpo de Bomberos de El Salvador.

Según las inspecciones realizadas en el lugar, la explosión ocurrió tras una reacción química atribuida a la manipulación de materiales pirotécnicos.