La solicitud de Estados Unidos para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico, ha generado un escenario de tensión en la relación bilateral con México, al involucrar a un funcionario en funciones.

El caso ha provocado reacciones en el ámbito político mexicano, donde la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un momento complejo en su relación con Washington, según análisis en materia de seguridad.

De acuerdo con el investigador Andrés Sumano, la petición de extradición representa un “golpe muy fuerte” para el Gobierno mexicano, al incidir en la estrategia de cooperación con Estados Unidos, especialmente tras el regreso del presidente Donald Trump.

El especialista indicó que la situación plantea distintos escenarios para el Ejecutivo mexicano, entre ellos respaldar al funcionario, proceder a su entrega o iniciar un proceso judicial en el país. Según señaló, esta última opción podría implicar efectos internos dentro del partido oficialista.

Por el momento, el Gobierno mexicano ha adoptado una postura de cautela, al señalar que se requieren pruebas y remitir el caso al Ministerio Público. No obstante, el análisis advierte que los plazos y la presión estadounidense podrían influir en la toma de decisiones.

El proceso se sustenta en una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y otros funcionarios, señalados de colaborar con el Cartel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Expertos también señalan que una eventual negativa a la extradición podría derivar en medidas de presión por parte de Estados Unidos, incluyendo acciones en el ámbito económico o diplomático.

Este caso se perfila como un punto de tensión en la relación entre ambos países, en un contexto de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico.