La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por las reformas constitucionales y legales aprobadas en El Salvador la semana pasada, que contemplan la cadena perpetua para menores de edad. Según su portavoz, Marta Hurtado, estas disposiciones “contravienen las normas internacionales de derechos humanos” y pidió a las autoridades revisar los cambios.

De acuerdo con el organismo, las medidas establecen que los casos de menores condenados a cadena perpetua serían revisados, en general, hasta después de 25 años de detención. La entidad señaló que este enfoque no se ajusta a la Convención sobre los Derechos del Niño, que plantea la rehabilitación y reintegración como prioridad y la privación de libertad como último recurso.

En respuesta, el presidente Nayib Bukele cuestionó la postura de organismos internacionales y defendió las reformas aprobadas. A través de una publicación en la red social X, el mandatario hizo referencia a antecedentes históricos relacionados con la legislación penal juvenil en el país y su impacto en el fenómeno de las pandillas.

Bukele sostuvo que decisiones anteriores, adoptadas bajo recomendaciones externas, facilitaron condiciones que permitieron el crecimiento de estructuras criminales. “Nosotros no vamos a volver al pasado”, expresó en su mensaje, en el que también rechazó las críticas y señaló que el país no replicará enfoques que, según indicó, ya fueron aplicados anteriormente.