La Comisión de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para reformar la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) con el fin de eliminar la exigencia de legalización o apostilla en documentos públicos extranjeros vinculados a operaciones comerciales y aduaneras.

La propuesta, impulsada por el Gobierno a través del Ministerio de Economía (MINEC), contempla incorporar un artículo 4-A a la normativa. De aprobarse en la próxima sesión plenaria, la modificación incluirá procedimientos relacionados con comercio exterior, aduanas y compras públicas.

Antes de aprobar el dictamen, los diputados escucharon a la asesora del despacho del MINEC, Martha Solís, quien explicó que la iniciativa busca simplificar los trámites en operaciones aduaneras mediante la supresión de requisitos considerados innecesarios.

Alcances del nuevo artículo

El artículo 4-A establecería que la Administración Pública no podrá exigir la legalización o apostilla de documentos públicos emitidos en el extranjero, ni requerir copias autenticadas, impresas o con firma manuscrita, cuando estén directamente relacionados con operaciones comerciales o aduaneras, incluido el registro de productos.

La disposición también fija un plazo máximo de 10 días hábiles para presentar documentos legalizados o apostillados únicamente en los casos en que una ley especial lo exija de forma estricta y no estén comprendidos en las excepciones previstas. Durante ese período, la Administración podrá emitir una resolución provisional, que se convertirá en definitiva una vez cumplido el requisito documental.

En caso de que el interesado no entregue la documentación en el plazo establecido, la autoridad correspondiente podrá suspender o revocar la resolución provisional.

La reforma aplicaría a todas las entidades de la Administración Pública, incluidas las relacionadas con contrataciones del Estado. Asimismo, las instituciones deberán adecuar sus procedimientos internos a la nueva disposición, mientras que la Corte de Cuentas de la República será la encargada de supervisar su cumplimiento.