El gobierno de Estados Unidos no planea una deportación inmediata del salvadoreño Kilmar Abrego García, de 29 años, quien fue expulsado del país por error en marzo pasado, en violación a una orden judicial federal. Así lo indicaron fiscales federales este jueves ante una jueza en Tennessee, aclarando que cumplirán con las disposiciones judiciales vigentes.

Abrego, trabajador de la construcción en el condado de Prince George’s, Maryland, fue deportado a El Salvador pese a contar con una orden judicial de 2019 que le otorgaba protección ante amenazas creíbles de pandillas. Actualmente, se encuentra nuevamente bajo custodia en Estados Unidos desde el pasado 7 de junio, acusado de tráfico de personas.

Durante una audiencia reciente, la jueza federal Barbara Holmes reconoció que Abrego tiene derecho a la libertad mientras espera su juicio, pero optó por mantenerlo detenido por unos días más para evitar una nueva expulsión. Aunque estableció condiciones específicas para su liberación —como residir con un hermano ciudadano estadounidense en Maryland—, expresó sus límites legales para frenar una posible intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Puedo dar instrucciones a la Fiscalía, pero no tengo autoridad sobre ICE”, explicó Holmes. En respuesta, el fiscal interino Rob McGuire aseguró que coordinarán con la agencia migratoria, aunque enfatizó que ICE opera con autonomía y bajo sus propias directrices.

Los abogados de Abrego solicitaron a una corte en Maryland que, una vez liberado, sea trasladado a ese estado para garantizar su derecho al debido proceso. Advirtieron que, si no se actúa con rapidez, existe el riesgo de una deportación acelerada. En ese mismo estado, Abrego mantiene una demanda civil en curso contra el gobierno federal por su expulsión ilegal.

El caso ha generado amplia atención nacional, al ser visto como ejemplo de los efectos de las políticas migratorias aplicadas bajo la administración del presidente Donald Trump. Aunque la Casa Blanca reconoció que la deportación de marzo fue un “error administrativo”, también ha vinculado públicamente a Abrego con la pandilla MS-13, una acusación que él niega categóricamente.

Abrego se declaró inocente el pasado 13 de junio por los cargos federales, los cuales su defensa califica como una justificación para legitimar su detención. El caso tuvo origen en 2022, cuando fue detenido en Tennessee por conducir con exceso de velocidad mientras transportaba a nueve personas sin equipaje.

La defensa sostiene que Maryland es el lugar más adecuado para continuar el proceso, tanto por su residencia familiar como por las garantías legales disponibles. La jueza Paula Xinis, quien conoce la demanda civil, aún no ha emitido una resolución sobre su traslado.