El Comité de Familiares de Víctimas del Régimen del Bajo Lempa ha denunciado una serie de irregularidades en el proceso de captura de 11 estudiantes en Usulután. Según el comité, las autoridades basaron sus acusaciones en testimonios policiales falsos y detuvieron a los adolescentes en sus hogares, a pesar de afirmar que fueron capturados en grupo saliendo de la escuela.

Las madres y padres de familia relatan que sus hijos fueron sacados de sus viviendas por soldados y policías entre las 9 de la mañana y el mediodía, contradiciendo el testimonio oficial de las autoridades. Además, señalan inconsistencias en la acusación, como el testimonio de un supuesto testigo criteriado que contradice el paradero de los estudiantes la noche de la supuesta actividad delictiva.

El Comité también resalta la presión ejercida sobre los estudiantes para que delataran a otros compañeros y la coincidencia entre las detenciones y el lanzamiento de una política represiva en los centros escolares. Estas acciones, según el comité, representan una grave vulneración de los derechos de la niñez y exigen una revisión de la situación por parte del Ministerio de Educación.

Salvador Ruiz, representante del Comité, instó a las autoridades a considerar las consecuencias emocionales, psicológicas y de salud de estas detenciones sobre los niños y adolescentes afectados, enfatizando la importancia de abordar los problemas de rebeldía desde una perspectiva educativa y psicológica en lugar de recurrir a medidas represivas.