La quema de las ramadas destinadas a vendedores que se ganaban el sustento de sus familias en la plaza Costa del Sol ha generado un fuerte revuelo, desencadenando críticas y demandas por parte de comerciantes afectados y figuras políticas. Este incidente ha puesto en el centro del debate la omisión del cumplimiento de medidas judiciales y el presunto abuso de poder por parte de las autoridades.

El abogado y vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Rudy Joya, ha denunciado lo que califica como desalojos arbitrarios en la zona de la Costa del Sol en La Paz. Joya ha señalado la comisión de cuatro delitos penales y ha destacado la vulneración de los derechos de 59 vendedores, resultando en la pérdida total de sus bienes y medios de sustento. Una de las principales acusaciones de Joya es la falta de cumplimiento de una sentencia judicial, que requería una inspección previa antes de los desalojos.

Elizabeth Jiménez, una de las comerciantes perjudicadas, ha expresado que las pérdidas económicas ascienden a aproximadamente 15 mil dólares. Jiménez y otros afectados demandan una compensación por los daños ocasionados y expresan su preocupación por su capacidad para subsistir, dado que su actividad comercial era su única fuente de ingresos.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, se ha unido a las voces críticas, calificando el proceso de desalojo como “sumamente arbitrario” y acusando un abuso de poder por parte de las autoridades.

Por otro lado, el ambientalista Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), ha denunciado que los desalojos se han llevado a cabo bajo el pretexto de proteger el medio ambiente, mientras que proyectos de deforestación continúan sin interrupción en todo el país. Navarro ha instado a las autoridades a detener estos proyectos y ha exigido responsabilidades tanto al alcalde como a la Policía.

El alcalde del municipio de La Paz Centro, Armando Jirón, fue capturado el pasado 14 de mayo por el delito de “contaminación ambiental”, tras ordenar la quema de las 59 ramadas utilizadas por vendedores frente al turicentro de la playa Costa de Sol.