La mina de Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, ha recibido la autorización para operar a cielo abierto, generando preocupación por posibles repercusiones ambientales en El Salvador. El gobierno saliente de Giammattei concedió el permiso el pasado 9 de enero, justo días antes de entregar la presidencia a Bernardo Arévalo, según anunció oficialmente la empresa canadiense Bluestone Resources el 18 de enero de 2024.

La activación de la mina, destinada a la extracción de toneladas de oro, ha desatado alarmas entre grupos ambientalistas guatemaltecos, incluyendo el Observatorio de Industrias Extractivas (OIE). Expertos en medioambiente advierten que la minería a cielo abierto, práctica considerada altamente perjudicial para la flora, fauna y mantos acuíferos, podría afectar la calidad del agua en El Salvador, especialmente en el Lago de Güija, parte de la cuenca alta del Río Lempa, esencial para cerca de 3 millones de personas.

Diversas entidades civiles en El Salvador, como la Alianza Centroamericana Frente a la Minería y la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, han exigido al gobierno salvadoreño tomar medidas concretas para detener la operación a cielo abierto en Cerro Blanco. La empresa minera, según advierten, dejaría un rastro ambiental perjudicial, incluyendo el uso diario de más de 8 toneladas de arsénico y la generación de desechos tóxicos con sustancias mortales como el cianuro y metales pesados, con consecuencias que podrían extenderse hasta 2052.

A pesar de una consulta ciudadana en 2022, donde la población local expresó su rechazo con 7,475 votos en contra, la aprobación de la Mina Cerro Blanco por parte del Gobierno de Guatemala ha levantado críticas. La empresa Elevar Resources, subsidiaria de Bluestone, impugnó la consulta municipal en 2022 y logró que el Gobierno no la tomara en cuenta, desatando una polémica sobre la legitimidad del proceso.