La Asamblea Legislativa aprobó, con 56 votos, disposiciones especiales y transitorias para la administración, ejecución y supervisión de los recursos provenientes de dos contratos de préstamo suscritos por el Gobierno con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Según la información oficial, los fondos por $150 millones y $120 millones financiarán el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador.

De acuerdo con el reporte legislativo, las medidas permitirán al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) contar con el marco legal para gestionar todo lo relacionado con ambos empréstitos, incluida la firma de contratos y el desarrollo de las obras.

Entre las facultades otorgadas al MOPT, se incluye la compra de terrenos, el pago de compensaciones y la entrega de viviendas temporales o permanentes a familias ubicadas en zonas donde se ejecutarán obras viales, como el baipás de Apopa. También se autoriza al ministerio a donar al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) los inmuebles adquiridos para este proceso, conforme al Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI), aprobado el 4 de agosto pasado.

Según la Asamblea, el PRI cumple con las normas ambientales y sociales del Banco Mundial, entidad que regula las políticas del BIRF para préstamos que implican adquisición de tierras y realojamiento. FONAVIPO registrará los bienes donados en su inventario y realizará los movimientos contables según los valores asignados por el MOPT.

Las disposiciones establecen que las familias beneficiadas con una propiedad en el marco del PRI no podrán venderla, hipotecarla ni transferirla durante los primeros 20 años posteriores a la entrega de la escritura.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, realizará las operaciones presupuestarias y financieras necesarias para cumplir las obligaciones derivadas de los contratos de préstamo.