Organizaciones ambientalistas de El Salvador y Guatemala exigieron el cierre inmediato de la mina Cerro Blanco, ubicada en la zona fronteriza entre ambos países, debido a los riesgos de contaminación que representa para el medio ambiente y las fuentes de agua compartidas.

En el marco del Día Internacional de la Tierra, activistas realizaron una protesta para urgir a los gobiernos a establecer una comisión binacional que proteja las aguas y cuencas compartidas y detenga la minería transfronteriza. La mina Cerro Blanco, situada en territorio guatemalteco, amenaza la cuenca del río Lempa en El Salvador, vital para el abastecimiento de agua en gran parte del país.

La explotación a cielo abierto de la mina, autorizada recientemente por el gobierno guatemalteco, ha generado preocupaciones por los posibles efectos nocivos en el medio ambiente y la salud humana. Activistas como Claudia Rodríguez de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador denuncian que estos proyectos mineros “comercializan con nuestro futuro”.

La contaminación provocada por la minería en la región ya ha afectado al río Ostúa, tributario del lago de Güija y del río Lempa, con la presencia de arsénico y metales pesados. La falta de consideración por parte de las autoridades en los estudios de impacto ambiental y la ausencia de medidas de prevención adecuadas representan una amenaza latente para las comunidades aledañas y las fuentes de agua.

A pesar de las protestas y la presión de las organizaciones ambientalistas, la mina Cerro Blanco continúa operando, lo que ha llevado a los gobiernos a buscar anular las licencias ambientales otorgadas y declarar una moratoria a la minería en la región. Sin embargo, la lucha por la protección del medio ambiente y la vida sigue siendo una prioridad para los activistas de ambos países.