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La Justicia española condena al tuitero Fonsi Loaiza por acusar a la Policía de la muerte de un vendedor ambulante senegalés

El magistrado tiene en cuenta que el hombre se dedica al periodismo y que tenía muchos seguidores en la red social.

El tuitero y periodista Fonsi Loaiza ha sido condenado a pagar una multa de 2.100 euros por acusar a la Policía Municipal de Madrid de asesinar al vendedor ambulante senegalés Mame Mbaye en la capital española en 2018.

El juez ha considerado que el tuit en el que escribió “la Policía lo ha asesinado” constituye un delito de injurias graves, mientras que ha absuelto a otras dos personas que estaban acusadas. De momento la condena no es firme y cabe recurso.

Mame Mbaye falleció el 15 de marzo de 2018 tras huir de la Policía en el marco de una persecución, presumiblemente por estar trabajando como ‘mantero’, es decir, vendiendo en la calle imitaciones de marcas conocidas. El hombre, de 34 años, se desplomó en la calle, al parecer como consecuencia de una patología cardíaca.

Sin embargo, fueron muchas las voces que denunciaron que su muerte no se habría producido de no mediar la acción policial. Más tarde, la Justicia negó que existiese un vínculo entre la persecución policial y el fallecimiento, y que este se debió a causas naturales

El suceso provocó masivas concentraciones y manifestaciones en el madrileño barrio de Lavapiés, uno de los más multiculturales de la urbe, en las que se denunciaba el “racismo institucional” y la persecución a la que se somete a las personas de origen subsahariano, con actuaciones como la solicitud de papeles en la vía pública tan solo a las personas negras.

En este contexto un gran número de personas vertieron sus opiniones en las redes sociales. Muchos de ellos abiertamente críticos con las actuaciones policiales. Tres de ellos fueron han sido llevados ante los tribunales: además de Fonsi Loaiza, Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, y una mujer que tiene una tienda en Lavapiés.

Condenado por tener seguidores y absueltos por el contexto

Loaiza ha sido condenado por un juez que ha interpretado que no publicaba sus tuits en calidad de ciudadano, sino de periodista, y asegura que “lo expresado no es una opinión, sino un hecho. Se informa de un asesinato y de su autoría”, “con un temerario desprecio hacia la verdad”.

Asimismo, la sentencia argumenta que “es un periodista” por lo que es “perfectamente conocedor de las exigencias de veracidad de la información” e incide en que “difunde sus mensajes a miles de personas”, ya que en ese momento tenía 54.000 seguidores en Twitter.

Así, el texto recoge que la Ley ampara la crítica a las actuaciones policiales, pero “no puede admitir ataques infundados hacia las mismas tendentes a provocar su desprestigio social”.

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Por su parte, otro de los acusados, Gueye, fue llevado a juicio tras asegurar en una entrevista“Cómo no protestar, si delante de nuestros ojos han matado a una persona”. Sin embargo, en este caso ha sido absuelto porque, aunque el juez considera que sus expresiones son “excesivas o desafortunadas”, se producen en “un contexto de un mensaje de denuncia de la realidad social de un grupo de personas”.

Igualmente absuelta ha sido la mujer que regentaba una tienda, cuyo perfil de Facebook publicó: “Lo que decimos es que los hijos de puta de los guindillas son responsables de esta muerte y de muchas más. No estamos diciendo que haya sido un asesinato o le hayan pegado un tiro”. En este caso ni siquiera podía confirmarse la autoría del texto, porque había más personas que tenían acceso a la cuenta de esa red social.

“Análisis estricto absurdo”

Loaiza fue denunciado por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), creada en 2012, puesto que los delitos de injurias solo pueden ser perseguibles mediante la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Según el abogado del tuitero, Andrés García Berrio, en declaraciones recogidas por El Salto, la frase del tuit por la que se le ha condenado solo puede ser entendida como una opinión y no se puede interpretar de una manera literal, sino que hacía alusión a que no se había producido una muerte natural, sino que quería señalar que “había causas detrás”.

“El TEDH ha manifestado en varias sentencias que un ciudadano no tiene el deber de hablar de ‘asesinato’ o ‘torturas’ encajando con la categoría legal. Los usos sociales van mucho más allá y hacer este análisis estricto es absurdo“, ha señalado Berrio.

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