Millones de turistas y viajeros internacionales enfrentan incertidumbre por la introducción de una nueva tarifa llamada Visa Integrity Fee, que se sumará al costo actual de la visa estadounidense, elevando el total a $435. Esta nueva cuota de $250 se añadirá al cargo estándar de $185 para quienes soliciten visa por motivos de turismo, negocios o estudios en Estados Unidos.

Aunque aún no se ha confirmado una fecha oficial para su entrada en vigor, medios como The New York Times señalan que la nueva tarifa podría comenzar a aplicarse desde el 1 de octubre de 2025, coincidiendo con el inicio del nuevo año fiscal en Estados Unidos.

Este nuevo cobro afectará principalmente a solicitantes provenientes de países como México, India, Brasil, China y naciones de Centroamérica, mientras que los ciudadanos canadienses y quienes forman parte del Visa Waiver Program (VWP) —que incluye a varios países europeos y algunas naciones de Asia y Medio Oriente— estarán exentos.

La medida fue aprobada dentro del paquete presupuestario impulsado por el expresidente Donald Trump y tendrá impacto tanto en nuevos solicitantes como en quienes busquen renovar su visa. Sin embargo, aún hay muchas dudas sobre cómo se aplicará esta tarifa.

Un punto controversial de esta cuota es su carácter reembolsable, aunque con condiciones: solo podrá solicitarse el reembolso una vez que la visa expire y únicamente si se demuestra que se respetaron las normas de uso. Por ejemplo, si la visa tiene una validez de 10 años, el reintegro solo podrá tramitarse una vez transcurrido ese período y si no se violaron las condiciones de la visa.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que entre 2025 y 2034, el Departamento de Estado podría emitir unos 120 millones de visas de no inmigrante, pero aún no se ha aclarado cómo será el proceso de cobro, si la tarifa se aplicará retroactivamente a visas ya otorgadas ni qué entidad será responsable de su administración.

Dada la falta de información concreta, las autoridades recomiendan a los interesados mantenerse actualizados a través de fuentes oficiales, como el Departamento de Estado o las embajadas y consulados estadounidenses.

Esta nueva tarifa podría representar una carga económica significativa para quienes planean viajar a Estados Unidos por trabajo temporal o estudios, sectores que ya enfrentan numerosos retos migratorios.