La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 57 votos a favor, una vigésimo sexta prórroga del régimen de excepción hasta el 9 de junio de 2024. Esta medida, que ha sido ampliamente debatida y discutida, permite mantener suspendidos derechos constitucionales relacionados con la defensa, el tiempo de arresto de los detenidos y las intervenciones telefónicas sin orden judicial en el país.
Durante la sesión plenaria extraordinaria, el diputado Christian Guevara, del partido Nuevas Ideas, solicitó la prórroga del régimen de excepción por 30 días más, la cual fue aprobada con dispensa de trámites. En su solicitud, se destacaron los resultados en materia de seguridad, incluyendo la captura de miles de supuestos terroristas y días sin homicidios en el país.
Sin embargo, esta medida ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones no gubernamentales. Según el informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), se han registrado numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos bajo este régimen, incluyendo detenciones ilegales, tratos crueles y muertes de personas privadas de libertad.
El gobierno justificó la necesidad de mantener el régimen de excepción debido al continuo riesgo que representan las pandillas en El Salvador. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad, se mantienen las labores de inteligencia policial y militar para desarticular las organizaciones criminales y capturar a sus líderes.
En medio del debate legislativo, el diputado Francisco Lira, del partido de oposición Arena, sugirió explorar alternativas que garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero también permitan abordar eficazmente la criminalidad. Propuso una revisión de los casos judiciales y mecanismos para liberar a las personas detenidas injustamente bajo este régimen.
La nueva prórroga del régimen de excepción iniciará su vigencia el 11 de mayo, manteniendo suspendidos los derechos contemplados en la Constitución de la República. La dispensa de trámites fue aprobada con una amplia mayoría de 56 votos, reflejando el respaldo mayoritario de la Asamblea Legislativa a esta medida.
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