La Asamblea Legislativa aprobó la noche del lunes la “Ley especial de transición para la reestructuración municipal”, otorgando a las 44 nuevas alcaldías un periodo de dos años para completar el proceso de transición. Según esta ley, los nuevos municipios podrán utilizar los fondos destinados originalmente para obras municipales en gastos administrativos de los 262 distritos que agruparán.

La legislación, aprobada por dispensa de trámite con los votos de 65 diputados, establece que los fondos disponibles en las cuentas bancarias de las anteriores 262 alcaldías podrán ser trasladados a las nuevas municipalidades o conservarse y/o trasladarse entre cuentas de los distritos o dependencias, según lo decida el concejo municipal.

Además, la ley permite que los recursos de estas cuentas sean de libre disponibilidad para los nuevos municipios, lo que significa que los concejos municipales tendrán la potestad de reorientar fondos destinados a obras públicas municipales para gastos corrientes como pago de salarios, alquileres y servicios.

Asimismo, los concejos municipales podrán solicitar a los acreedores financieros de cada distrito modificar el destino de los fondos otorgados por préstamos suscritos, para invertirlos dentro del municipio en el objeto que consideren conveniente. Esto significa que los préstamos adquiridos en un distrito específico podrían ser destinados a obras para un territorio distinto.

La ley especial de transición municipal también establece un plazo de dos años para completar el proceso de agrupación de los distritos en las nuevas comunas. Durante este periodo, los funcionarios y empleados municipales salientes deberán proporcionar la información necesaria para actualizar la contabilidad de los nuevos municipios ante la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) del Ministerio de Hacienda.

El incumplimiento de estas disposiciones podría resultar en la destitución e inhabilitación de los funcionarios o empleados para ejercer funciones públicas por un periodo de 10 años. La Fiscalía General de la República será notificada en caso de incumplimiento por parte de la gestión saliente, y el Ministerio de Hacienda supervisará el cumplimiento de estas disposiciones.