La acusación contra el concejal Héctor Silva Hernández por parte del diputado cian Christian Guevara ha generado polémica en El Salvador. El abogado defensor de Silva, Oswaldo Feusier, ha denunciado que esta acusación busca criminalizar la libertad de expresión y la crítica política, aspectos fundamentales en una democracia funcional.
Feusier afirma que el caso es simple y básico, y que la libertad de expresión y la crítica política deben ser permitidas e incluso alentadas en una democracia. Además, argumenta que existen tres razones de tipicidad anti judicial y culpabilidad por las cuales el caso no debería haberse admitido. Temen que si se permite la criminalización de las personas por cuestionar o hablar sobre quienes tienen poder, la democracia se verá deteriorada.
El abogado también comentó que el anterior defensor del concejal Silva renunció debido a supuestas amenazas. Aunque Feusier reconoce que existe un temor generalizado en el gremio de abogados, asegura no haber recibido amenazas en su caso particular. Sin embargo, destaca la impunidad y la actuación en la que se está llevando a cabo el proceso, como factores preocupantes en su profesión.
El juicio contra Silva está programado para el 10 de enero, en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador. El concejal ha sido demandado por señalar en un programa televisivo los nexos del diputado Guevara con la empresa Media Latam Group, que recibió millonarios contratos de la alcaldía municipal de San Salvador. Silva ha presentado documentos que demuestran la participación de Guevara en la compañía, aunque este último sostiene que ya no forma parte de ella desde 2018.
Las pruebas presentadas públicamente muestran que la empresa Media Latam Group fue fundada por la esposa del diputado Guevara y fue beneficiada con contratos millonarios de la alcaldía de San Salvador, a pesar de no haber tenido contratos previos con la comuna capitalina. Este caso ha generado controversia sobre la relación entre políticos y empresas privadas en el país.