En la sesión plenaria 35, la Asamblea Legislativa aprobó reformas al Código Procesal Penal, la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y la Ley de la Carrera Militar. Estas modificaciones buscan modernizar las normativas y establecer mayores garantías de seguridad y justicia.

Una de las reformas más significativas se realizó al Código Procesal Penal, con el propósito de establecer sanciones más severas para quienes incurran en conducción peligrosa. Ahora, este delito será castigado con penas de entre dos y cinco años de prisión, mientras que los homicidios o lesiones culposas cometidos bajo los efectos del alcohol podrían alcanzar condenas de hasta diez años. En casos relacionados con transporte público o de carga, las penas se incrementarán hasta quince años. 

Asimismo, se fortaleció la validez de las pruebas toxicológicas realizadas por instituciones oficiales, asegurando mayor rigor en los procesos judiciales. Estas modificaciones buscan garantizar justicia restaurativa para las víctimas y sus familias, además de reducir la incidencia de conductas irresponsables al volante.

En cuanto a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se aprobaron cambios orientados a modernizar el sistema vial a través del uso de tecnología. Entre las principales medidas destaca la implementación de fotomultas mediante cámaras que detectarán infracciones como el exceso de velocidad, la invasión de carriles y el uso del celular mientras se conduce. 

Las sanciones económicas también fueron actualizadas, permitiendo una clasificación más justa de las infracciones según su gravedad. Además, la conducción bajo los efectos del alcohol será considerada delito, reforzando las penalizaciones para este tipo de comportamientos. Para complementar estas medidas, se renovará el sistema semafórico con cámaras de videovigilancia, aumentando el control y la seguridad en las vías públicas.

En el ámbito militar, la Asamblea aprobó reformas a la Ley de la Carrera Militar, incorporando nuevos grados jerárquicos y estableciendo lineamientos claros para su asignación. Las reformas aprobadas implican un cambio sustancial en las políticas públicas.