No son días fáciles para Schafik Handal, el hijo homónimo del histórico líder del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el FMLN, la guerrilla que se transformó en partido y gobernó El Salvador durante una década (2009-2019). Su hermana, Erlinda Handal, exviceministra de Ciencia y Tecnología, es uno de los cinco altos cargos efemelenistas encarcelados por presuntos actos de corrupción, que Schafik no duda en calificar como una “campaña de persecución política” orquestada por el presidente Nayib Bukele.
“Aún no me han dejado hablar con ella“, confiesa Schafik a RT la noche del 28 de julio, seis días después de la detención. Apenas unas horas antes de la entrevista, el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador había decretado prisión preventiva a Erlinda Handal y a cuatro altos funcionarios más del gobierno del FMLN encabezado por el experiodista Mauricio Funes.
Otros cinco miembros de aquel gabinete –incluido Salvador Sánchez Cerén, vicepresidente durante la administración Funes y luego presidente de la República– son prófugos, con orden de búsqueda internacional en la Interpol.
“Hay presiones claras hacia los jueces de parte del régimen de Bukele, para que impongan medidas como las que han puesto”, valora Schafik, de 67 años, quien hasta el 1 de mayo era diputado en la Asamblea Legislativa, disputó la Alcaldía de San Salvador en 2012 y guarda un parecido asombroso con su finado padre.
Su hermana mayor, Erlinda, ha sido encarcelada porque, según la acusación fiscal, en cinco años como viceministra recibió un complemento salarial de unos 2.700 dólares al mes, por lo que será juzgada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Según la Ley de Salarios que la Asamblea salvadoreña aprueba cada año, un ministro devenga 3.345 dólares al mes; y un viceministro, 2.652 dólares. Sin embargo, al menos desde la década de los noventa, los distintos gobiernos acostumbraron a pagar sobresueldos en negro con fondos de la “partida secreta” asignada a la Presidencia de la República. Lo hizo el derechista partido Arena, entre 1989 y 2009, y lo replicó el izquierdista FMLN cuando accedió al poder.
Los altos funcionarios de la administración Bukele también cobran muy por encima de lo que estipula la Ley de Salarios (el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, cobra 8.000 dólares al mes, por ejemplo), pero lo hacen en calidad de “asesores”, con plazas creadas ‘ad hoc’, mientras dicen ejercer su cargo ad honorem.
“Para mí todo está claro: es una operación contra el FMLN lo que han montado, porque el FMLN es el enemigo a vencer”, dice Schafik Handal, quien acepta que su hermana y docenas de altos cargos efemelenistas cobraron sobresueldos, pero cree que “no existe delito alguno”, sino que son complementos salariales recibidos “solo que sin llenar algunas formalidades”.
Solo 10 acusados, de momento
Los sobresueldos en El Salvador durante los gobiernos de Arena y el FMLN son un tema de dominio público desde hace más de una década, gracias sobre todo a investigaciones periodísticas. El operativo desatado el 22 de junio por la Fiscalía es consecuencia, a juicio de Schafik Handal, del golpe legislativo ocurrido el 1 de mayo, cuando se nombró como fiscal general a Rodolfo Delgado, afín al bukelismo.
Lo cierto es que el caso presentado por la Fiscalía tiene fisuras, como arbitrariedad en las acusaciones. Altos funcionarios de la administración Funes que forman parte del actual gobierno ni siquiera han sido mencionados, como María Chichilco, ministra con Bukele y viceministra con Funes; o Juan Pablo Durán, presidente de un banco estatal con Bukele y presidente de la Lotería Nacional con Funes.
Lo cierto es que el caso presentado por la Fiscalía tiene fisuras, como arbitrariedad en las acusaciones. Altos funcionarios de la administración Funes que forman parte del actual gobierno ni siquiera han sido mencionados.
“Solo están acusando a los que no están con el gobierno actual, y asolapan a aquellos que hoy están con Bukele; a los que ahora son sus aliados no los tocan”, valora Schafik.
Tampoco ha habido órdenes de captura contra ministros de Funes que recibieron sobresueldos, pero cuya detención y exhibición pública –lo que se está haciendo con Erlinda y el resto– podría tener un impacto negativo en la opinión pública.
El caso más evidente es el de la doctora María Isabel Rodríguez, ministra de Salud entre 2004 y 2009, un personaje muy querido en El Salvador; entre otras cosas, por su longevidad –nació en 1922– y vitalidad, además de sus logros profesionales. La doctora Rodríguez aceptó haber recibido sobresueldos en noviembre de 2016.
En situación similar está el economista Héctor Dada Hirezi, de 82 años, quien fue ministro de Economía de Funes. Una investigación del periódico El Faro publicada en enero de 2019 confirmó que también recibió sobresueldo, pero Dada Hirezi, quien a finales de los setenta tuvo una intensa relación personal con san Óscar Arnulfo Romero, también ha escapado del accionar de la Fiscalía.
“Saben que meterse con personalidades como la doctora Rodríguez o el doctor Dada Hirezi les va a traer un gran desgaste, tanto a nivel nacional como internacional”, dice Schafik.
Sánchez Cerén, en Nicaragua
Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, dijo el martes que el expresidente Salvador Sánchez Cerén salió del país a finales de 2020, rumbo a Nicaragua. Schafik Handal confirmó a RT que tanto él como su núcleo familiar están haciendo “una gestión para nacionalizarse”, como en día también hizo el expresidente Mauricio Funes, actualmente prófugo.
¿Y qué toca a partir de ahora? Dice Schafik que, como partido, esperan que la “persecución política” que está sufriendo el FMLN genere críticas en el plano internacional. Asegura que ya han recibido mensajes de apoyo de partidos afines tanto de Latinoamérica como de Europa, pero el único gobierno que de momento ha condenado lo sucedido es el de Venezuela, país con el que Bukele no mantiene relaciones diplomáticas desde que en noviembre de 2019 reconoció a Juan Guaidó como presidente.
Respecto a la suerte de su hermana Erlinda y del resto de encarcelados, el objetivo es lograr su excarcelación lo antes posible. “El siguiente paso es que los abogados pidan una revisión de medidas en base al estado de salud de varios de los detenidos; de continuar en esas condiciones, peligran su vida y su estado de salud”, dice Schafik, resignado.
