Organizaciones de la sociedad civil de El Salvador aseguran que el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros que pretende aprobar la Asamblea Legislativa quiere silenciar las voces críticas de las decisiones del Gobierno actual.
Amalia López, miembro de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, indicó que el Gobierno busca afectar la labor de las organizaciones no gubernamentales que no son afines al oficialismo.
Consideró que el 40 % que cobraría el Gobierno a oenegés como impuesto a la donación que reciban podría ser una “extorsión para asfixiar a aquellas organizaciones que no tienen un discurso encaminado a aplaudir las decisiones del Gobierno actual”.
La feminista Keyla Cáceres señaló que la propuesta del Gobierno busca callar a las voces críticas y comparó la situación con Nicaragua.
“En Nicaragua, cuando se aprobó esta ley, a las primeras que afectó fue al movimiento feminista y por eso incluyen a las personas naturales para contrarrestar ingresos a las oenegés, para evitar la lucha por los derechos”, dijo.
Criticó que las organizaciones feministas no están incluidas en las excepciones para no pagar el impuesto del 40 % por donación que reciban.
Asegura que las feministas dan atención en salud y social a las mujeres.
El ambientalista Luis González dijo que el Gobierno busca limitar el trabajo de organizaciones para “callar las voces que no están en concordancia con el Gobierno”.
La Ley de Agentes Extranjeros prohíbe a las organizaciones participar en actividades de “fines políticos” o que pongan en riesgo “la estabilidad política”. Carlos Palomo, presidente de Tracoda, cree que el riesgo a la estabilidad política podría desde una protesta hasta “publicar un comunicado o un informe que no sea de agrado”. Sugirió ser específicos para evitar arbitrariedades.
Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, dice que la ley atenta contra el trabajo de organizaciones que monitorean al poder, “actividad que es legítima apoyada por la comunidad internacional”. “Eso no es injerencia, lo que va a pasar es una discrecionalidad excesiva del Gobierno”, apuntó.
