Ordenan recapturar a exministro de Seguridad y 18 exfuncionarios por caso de tiendas de los centros penales. Los exfuncionarios cumplían medidas alternas a la prisión y habían ofrecido fianza económicas en garantía de seguir ligados al proceso.
La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador ordenó recapturar al exministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y a 18 exfuncionarios de seguridad, vinculados al caso penal de desvío de fondos en las tiendas institucionales de Centros Penales.
Los magistrados revocaron las medidas sustitutivas que el Juzgado Sexto de Paz dictó el 15 de septiembre a favor de los acusados de delitos de peculado, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, cohecho impropio y falsedad documental agravada, para quienes, ordenó que el Juzgado Segundo de Instrucción a cargo del proceso, gire las órdenes de captura respectivas.
El tribunal superior fundamentó su resolución en el peligro de fuga de los imputados y en la probable obstaculización de la investigación que se sigue, tomando en cuenta que todavía laboran en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, así como en la Policía Nacional Civil.
“Estamos ante delitos graves, situación que no genera certeza sobre el sometimiento de los referidos imputados a futuras convocatorias, dada la situación imputable”, reza un fragmento de la resolución de la Cámara.
La orden de captura ordenada sería contra 19 de los 21 exfuncionarios acusados entre ellos el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima Molina.
”Sin establecer de qué forma, ni en qué actos de prueba van a ser ellos, obstáculo de la investigación, ni dan un razonamiento jurídico”. Gustavo Huezo, defensor
Sólo en el caso del exviceministro Raúl López, la Cámara confirmó que seguirá con medidas tras presentar un cuadro grave de salud, sin embargo, dejó la posibilidad de que Fiscalía valore cambiar la medida.
En su momento, el fiscal general, Rodolfo Delgado, afirmó que los imputados serían acusados de extraer $14 millones de 21 tiendas institucionales que familiares depositaban para que sus parientes pudieran hacer sus compras en las cárceles.
Para el abogado Gustavo Huezo, la jueza Sexto de Paz fundamentó su resolución y se apegó a las leyes al decretar medidas sustitutivas a la prisión a los procesados “porque la apariencia de buen derecho no era para decretar la detención provisional y porque ellos habían acreditado suficientemente desde el inicio de la investigación”. Sin embargo, la Fiscalía no estuvo de acuerdo y el 26 de octubre la apeló. “Sin establecer de qué forma, ni en qué actos de prueba van a ser ellos obstáculo de la investigación”, añadió el defensor.
