El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este jueves una serie de sanciones dirigidas a funcionarios “corruptos” de Guatemala, Honduras y El Salvador.
El secretario de Estado, Antony Blinken, informó en un comunicado de prensa que la lista de funcionarios sancionados incluye aquellos que presuntamente han incurrido en “actos que socavan los procesos o instituciones democráticas“.
En particular, Blinken detalló que los sujetos sancionados habrían participado “en actos de corrupción importantes” o que obstruyeron “las investigaciones de tales actos de corrupción” en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Sanciones
Con esta medida, las personas señaladas en el informe no son elegibles para obtener una visa o ser admitidos a la nación norteamericana. Además, el Gobierno estadounidense negará un “refugio seguro” en el territorio a los funcionarios involucrados.
El Departamento de Estado tomó esta determinación en función de la Sección 353 de la Ley de Mayor Involucramiento entre EE.UU. y el Triángulo Norte.
El Salvador
En la lista publicada se encuentran varios funcionarios y colaboradores del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
- Oscar Rolando Castro: actual ministro de Trabajo de El Salvador, quien presuntamente obstaculizó investigaciones sobre corrupción y perjudicó a opositores políticos.
- Martha Carolina Recinos de Bernal: jefa del Gabinete gubernamental, a quien se le señala por participar en un mecanismo de lavado de dinero.
- Conan Tonathiu Castro Ramírez:asesor legal de Bukele. EE.UU. lo acusa de colaborar en la “destitución irregular” de cinco magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general, Raúl Melara, que fue concretada por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista.
- Osiris Luna Meza: viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director general de Centros Penales. Durante su gestión, presuntamente ha estado vinculado con coimas y corrupción en contratos públicos.
Guatemala
El expresidente Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) también está sancionado por presuntamente incurrir en delitos de fraude y malversación relacionados con un sistema de autobuses en la Ciudad de Guatemala.
La lista también incluye a importantes funcionarios del Poder Legislativo y Judicial:
- Manuel Duarte Barrera: magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala, quien habría utilizado sus funciones “para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales”.
- Nester Mauricio Vásquez Pimentel: magistrado de la Corte de Constitucionalidad que habría “socavado las instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para influir de manera indebida”.
- Boris Roberto España Cáceres: diputado de la agrupación política Todos, señalado por EE.UU. de participar en “tráfico de influencias y sobornos”.
- Mynor Mauricio Moto Morataya: exjuez tercero de Primera Instancia Penal de Guatemala, quien actualmente se encuentra prófugo de la Justicia. El Departamento de Estado de EE.UU. lo acusa de “recibir sobornos a cambio de dictar una decisión favorable”.
Honduras
El Gobierno estadounidense incluyó al expresidente de Honduras, José Porfirio Lobo Sosa (2010-2014),por “aceptar sobornos de la organización de narcotráfico Los Cachiros a cambio de favores políticos”. Asimismo, sancionó a su esposa, la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, por incurrir en “fraude y apropiación indebida de fondos públicos”.
Una docena de legisladores en funciones fueron incluidos dentro de la lista de presuntos casos de corrupción. Entre ellos figuran los siguientes nombres:
- Gustavo Alberto Pérez: diputado del Partido Nacional, quien estuvo investigado por el caso de corrupción Arca Abierta, al haber participado en la malversación de fondos de diversos organismos públicos por un monto de 800.000 dólares. La legisladora Gladys Aurora López también fue sancionada en el marco de esta indagatoria.
- José Celin Discua Elvir y Rodolfo Irias Navas: diputados del Partido Nacional, acusados de utilizar fondos de la Secretaría de Agricultura para destinarlos a campañas políticas.
- Román Villeda Aguilar: diputado nacionalista, quien habría obstaculizado las investigaciones por malversación de fondos por parte del Congreso.
