Violación de los derechos humanos fueron señalados hacia Mauricio Arriaza Chica por los sucedido el 9F, la asamblea recomendó la destitución de su cargo, sin embargo, el Presidente mencionó no seguir ninguna recomendación.
El pleno legislativo con 58 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones aprobó la recomendación de destituir de su cargo a Mauricio Arriaza Chica. Esto luego de que conociera el informe final de la “Comisión especial que investigó los hechos acaecidos antes, durante y después del golpe de estado fallido contra la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero”.
De igual forma se sugirió la renuncia del ministro de Defensa, René Merino Monroy; el jefe del Estado Mayor Presidencial, Manuel Acevedo; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Carlos Tejada.
En el caso de Arriaza Chicas, la comisión concluyó que incurrió en “violaciones a los derechos humanos” por lo que el informe es de carácter vinculante por lo que mencionaron que debe cumplirse con el artículo 131 de la Constitución, numeral 37.
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En el documento se señala que los hechos que se dieron antes y durante el 9 de febrero del año 2020, día para el que el Consejo de Ministros convocó a una sesión plenaria extraordinaria, “constituyeron una afrenta al sistema democrático y de división de poderes, consumándose –aunque en una temporalidad limitada- un golpe de Estado en contra de la Asamblea Legislativa, acción en la que se perdió la custodia, control y resguardo del recinto en su totalidad, asumiéndolas las autoridades se seguridad pública”.
La comisión responsabilizó a Arriaza Chicas y a Merino Monroy de haber sido los responsables de militarizar el recinto legislativo, además de autorizar el ingreso de miembros de la Fuerza Armada al Salón Azul.
Además manifiesta que “es evidente que las acciones realizadas por las autoridades estaban coordinadas y fueron planificadas con tiempo suficiente de antelación, pues por una parte dejaron sin la protección de los agentes PPI a los diputados de la Asamblea Legislativa, mientras que efectivos militares tomaron posesión de los alrededores del Palacio Legislativo”.
En el informe se incluye información recabada por medio de videos, audios y entrevistas personales, además de la interpelación realizada a Merino Monroy el pasado 21 de agosto.
Lo legisladores aseguraron que el documento se hará del conocimiento del cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Congreso y al Senado de los Estados Unidos ,el Parlamento Europeo, así como de los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a su secretario general, Luis Almagro.
Además se certifica a la Fiscalía General de la República para que investigue la posible comisión de los delitos.
En una resolución dada a conocer en octubre pasado, la Sala de lo Constitucional aseguró que la convocatoria hecha por el Consejo no procedía, entre otras cosas porque el tema para el cual se convocaba, la aprobación de un préstamo que buscaba financiar la fase tres del Plan Control Territorial, no estaba dentro de los preceptos que establece la Constitución para convocar a una sesión extraordinaria del Órgano Legislativo.
Por su parte, Bukele indicó durante su visita al caserío El Mozote, que no atenderá la recomendación de los diputados de destituir a Arriaza.
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