El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó que Jorge Alberto S. L., de 52 años, continúe su proceso judicial por los delitos de contaminación ambiental y construcciones no autorizadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación tras una denuncia interpuesta por la Dirección General de Centros Penales. Según los documentos, Jorge Alberto rentó un terreno contiguo al Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación Santa Ana, ubicado en el kilómetro 72 y medio de la carretera que conecta Santa Ana con Metapán, en el cantón Cutumay Camones.

De esta manera, el lugar era utilizado como un negocio de chatarrera, lo cual, ha generado problemas de contaminación, afectando el suelo y la atmósfera, además de fomentar la proliferación de roedores. Además, Alberto habilitó un parqueo clandestino en el vertedero de basura, utilizado por visitantes del penal que llevan paquetes de higiene personal para los internos.

Durante la audiencia inicial, la FGR presentó evidencia que apunta a la posible implicación de Jorge en estos delitos, resaltando la ausencia de permisos necesarios para el funcionamiento de su negocio.

Finalmente, las autoridades buscan salvaguardar el medio ambiente y la salud pública, destacando la necesidad de una mayor vigilancia y regulación sobre este tipo de actividades.