Empieza juicio para determinar si $4.6 millones en propiedades registradas a nombre de David Munguía Payés serán transferidas al Estado.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio ha dado inicio a la audiencia que determinará el destino de $4,638,164.91 en activos, propiedades e cuentas bancarias confiscadas pertenecientes al exministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, David Munguía Payés, junto con miembros de su familia.
El Ministerio Público también busca la confiscación de los activos registrados a nombre de la madre del exfuncionario, Blanca Lidia López Méndez, su hermano José Roberto Dheming Valle, y su hija Blanca Patricia Munguía Molina.
Los fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio han presentado una amplia gama de pruebas para demostrar que los activos a nombre de Munguía Payés y sus familiares fueron adquiridos de manera ilícita, derivados de delitos de corrupción y lavado de dinero.
Documentos obtenidos durante la investigación revelan que el exministro y sus familiares poseen propiedades, cuentas bancarias y vehículos, a pesar de no contar con los recursos económicos suficientes para adquirirlos legítimamente con los ingresos declarados.
La Fiscalía, respaldada por autorización judicial, ha impuesto medidas cautelares sobre estos activos, de acuerdo con lo estipulado en el Código Procesal Civil y Mercantil.
Durante el proceso, la Unidad de Extinción de Dominio ha empleado diversas técnicas de investigación que han llevado al descubrimiento de 10 cuentas bancarias, dos vehículos y múltiples propiedades inmuebles ubicadas en San Salvador y en el departamento de La Libertad, incluyendo zonas de alta exclusividad y un rancho de playa en Tamanique.
La investigación de extinción de dominio se inició en octubre de 2020, mediante un proceso cautelar que permitió la intervención de los activos. Las indagaciones realizadas por la Fiscalía indican que Munguía Payés adquirió los bienes de manera injustificada durante su desempeño como Ministro de Defensa y Ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre los años 2009 y 2018.