Desde marzo de 2022, El Salvador ha estado bajo un régimen de excepción que suspende varios derechos constitucionales, como el derecho a la defensa, el tiempo máximo de detención y la privacidad de las telecomunicaciones.

Esta medida fue diseñada para enfrentar la violencia asociada a las pandillas, la cual, ha sido prorrogada en 34 ocasiones, siendo la última extensión aprobada el 5 de enero de 2025, por la Asamblea Legislativa. En una sesión plenaria con 57 votos a favor.

Las autoridades aseguran que el régimen ha permitido la captura de 83,900 personas acusadas de pertenecer a grupos delincuenciales, en lo que califica como una “guerra” contra las pandillas.

Los datos oficiales destacan una drástica reducción en los homicidios, con un total de 114 muertes violentas registradas en 2024, lo que implica una disminución de 25.9 % respecto al año anterior.

Por otro lado, las organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han levantado alarmas sobre el costo humano del régimen de excepción. Una de las principales críticas se centra en las detenciones arbitrarias.

La organización MOVIR (Movimiento de Víctimas de la Inseguridad) ha denunciado al menos 150 casos de personas detenidas sin justificación, presentando pruebas de su inocencia al gobierno. Además, el informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario revela que, desde el inicio del régimen, al menos 354 personas han muerto en centros penitenciarios, y el 94 % de ellos no tenía vínculos con pandillas.

Finalmente, las denuncias han llevado a que sectores internacionales, incluyendo las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidan al gobierno salvadoreño que garantice el respeto de los derechos humanos.