El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador han alcanzado un acuerdo técnico para un programa de financiamiento de 40 meses por $1,400 millones. Este acuerdo, anunciado tras reuniones con Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, y Raphael Espinoza, jefe de la Misión para El Salvador, busca apoyar las reformas económicas del país y cubrir sus necesidades de balanza de pagos. No obstante, está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y al cumplimiento de medidas previas exigidas al gobierno salvadoreño.

El pacto incluye exigencias fiscales significativas que buscan reducir el déficit del país, equivalentes al 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025. Entre las condiciones establecidas, se encuentra la reducción de la masa salarial, que ya ha comenzado a implementarse con despidos en el sector público, afectando a varias instituciones. Además, el FMI exige un recorte en el gasto en bienes y servicios, lo que ha derivado en la disminución de los presupuestos asignados a ministerios clave como educación y salud, áreas sensibles para la población.

Otro punto central del acuerdo es la reducción de las transferencias a los municipios, medida que se alinea con la reciente reorganización territorial que consolidó los municipios de 262 a 44 y disminuyó el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) del 10% al 1.5%. Estas decisiones han generado controversia por su impacto en los servicios locales y las comunidades rurales.

Aunque el financiamiento total del acuerdo es de $1,400 millones, el programa busca atraer apoyo adicional de instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), lo que podría elevar el paquete de ayuda a más de $3,500 millones.

El FMI resaltó que la economía salvadoreña muestra signos de recuperación tras la pandemia, impulsada por el aumento de remesas y un repunte en el turismo. Sin embargo, los ajustes fiscales y las restricciones presupuestarias plantean riesgos para las comunidades más vulnerables.

Aunque el programa promete alivio financiero y acceso a mayores recursos internacionales, su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para implementar las reformas sin agravar las desigualdades sociales.