La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó, con 58 votos, una reforma constitucional que habilita la aplicación de cadena perpetua para delitos de homicidio, violación y terrorismo, convirtiendo a El Salvador en el noveno país de América Latina en incorporar esta sanción.

La medida incluye modificaciones al Código Penal, Código Procesal Penal, Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de adecuarlas a la reforma constitucional aprobada el 17 de marzo.

Según lo aprobado, la cadena perpetua se aplicará en casos de homicidio simple y agravado, violación en sus distintas modalidades, feminicidio y delitos vinculados al terrorismo. Además, se contempla que menores de edad puedan recibir esta pena cuando cometan delitos considerados graves.

En el ámbito procesal, se eliminará el límite máximo de la detención provisional para estos delitos y se incorporarán a la lista de ilícitos que no prescriben. También se establece la creación de Juzgados de lo Criminal, que tendrán competencia exclusiva en casos de homicidio, feminicidio y violación, incluyendo la ejecución de las penas.

Las reformas incluyen un procedimiento especial para delitos de extrema gravedad, el cual será aplicado exclusivamente por estos nuevos tribunales. Asimismo, las personas condenadas no podrán acceder a beneficios como libertad condicional o anticipada, salvo revisiones específicas de la pena.

Durante el debate, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, afirmó: “A través de nuestros votos, le estamos respondiendo a todas esas víctimas”. Por su parte, la diputada Alexia Rivas señaló que la medida representa “una reivindicación con las víctimas”.

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, sostuvo que la reforma busca “garantizar la paz y la seguridad”.

Como parte del proceso legislativo, la Comisión Política recibió opiniones técnicas del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; del fiscal general, Rodolfo Delgado; y de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con datos oficiales citados en la discusión, en 2025 se registraron 82 homicidios y 664 casos de violación en el país.