El secretario general del Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP), Marvin Reyes, denunció que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) han sido asignados para brindar seguridad en hospitales y clínicas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), a pesar de no existir un respaldo legal claro para esta medida.

Según la Ley de Servicios Privados de Seguridad, la PNC solo puede asumir estas funciones en situaciones específicas, como la suspensión temporal de los servicios de seguridad privada por orden del director de la PNC o cuando empresas de seguridad privada incurren en faltas muy graves. Sin embargo, Reyes aseguró que el caso actual no corresponde a estos escenarios previstos por la normativa.

El líder sindical destacó que, de mantenerse esta práctica, sería necesario establecer convenios similares a los realizados con instituciones como la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) o el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONAPINA), donde se contrata personal policial de forma supernumeraria.

Reyes advirtió que estas nuevas funciones están desviando a la PNC de sus tareas principales y podrían extenderse a otras instituciones estatales, como ANDA y la Fiscalía General de la República. Además, señaló que los agentes enfrentan condiciones laborales precarias, denunciando que, en los hospitales y clínicas del ISSS, los policías asignados carecen de áreas adecuadas para descansar, llegando incluso a dormir en los pisos de los baños.

El vocero del MTP también señaló una sobrecarga laboral significativa para los equipos de investigación. Según detalló, estos agentes ahora realizan patrullajes los fines de semana con turnos de hasta 17 horas diarias, a pesar de que sus jornadas regulares son de lunes a viernes.

Recortes proyectados en 2025

El secretario del MTP alertó sobre un recorte de 4,978 plazas en el Ministerio de Justicia y Seguridad, que pasaría de 40,395 a 35,417 en 2025. Aunque aún no está claro qué áreas serán afectadas, mencionó que entre 20 y 25 policías se retiran mensualmente por jubilación, lo que podría contribuir al ajuste. Sin embargo, también expresó preocupación por el posible despido de personal con enfermedades crónicas o discapacidades, lo que calificó como una medida injusta y grave.

Reyes recordó que la PNC ya asumió funciones de vigilancia en instituciones estatales en 1996, tras la privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). Sin embargo, insistió en que repetir estas acciones de forma permanente podría comprometer la labor policial y sobrecargar aún más al personal.