La organización destacó que la CIDH permitirá revisar la falta de controles frente al poder Ejecutivo en El Salvador.

Cristosal señaló que la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de admitir a análisis de fondo el caso sobre la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2021 “abre la posibilidad de revisar la falta de controles frente al ejercicio arbitrario del poder del Ejecutivo y la influencia política sobre la administración de justicia”.

La CIDH, mediante su informe 157/2025 notificado el 2 de octubre, resolvió incluir el caso en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). El organismo consideró que el control de los órganos judiciales por otros poderes públicos representa una amenaza directa para la democracia y los derechos humanos.

El 1 de mayo de 2021, los diputados del oficialismo en la Asamblea Legislativa destituyeron a los magistrados de manera inconstitucional, lo que permitió al Ejecutivo asegurar el control de los tres poderes del Estado y afectó la independencia judicial.

Cristosal participó como representante de las víctimas ante la CIDH y continúa acompañando el proceso en esta etapa. La organización compartió su comunicado en X, destacando que la resolución de la CIDH representa una vía hacia la justicia internacional que fue negada a los magistrados destituidos.

Por su parte, el Estado salvadoreño argumentó que la remoción se ajustó a la Constitución y que la democracia no se vulneró. Sin embargo, la CIDH desestimó estos argumentos y avanzó con el análisis de fondo, tomando en cuenta criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la importancia de la independencia judicial como pilar de la institucionalidad democrática.