Gerardo Orellana Quijada, propietario de los talleres GQ Racing, seguirá en detención provisional tras una nueva acusación presentada en su contra por el delito de revelación indebida de datos o información de carácter personal.

Esta nueva imputación se suma a un extenso expediente judicial que ya incluye 8 delitos, lo que eleva a nueve las acusaciones que enfrenta.

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló una audiencia especial de imposición de medidas contra Orellana, en la que se le decretó la instrucción formal del caso y la detención provisional.

Además, debido a la naturaleza del delito, regulado por la Ley Especial de Delitos Cibernéticos, el Tribunal también resolvió imponer la reserva del caso, lo que significa que los detalles del proceso se mantendrán confidenciales.

La acusación por revelación indebida de datos personales se suma a otros delitos graves que Orellana enfrenta, entre los cuales figuran agrupaciones ilícitas, estafa agravada, amenazas con agravantes especiales, extorsión, violencia contra funcionario público, denuncia o acusación calumniosa, y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.

Este cúmulo de cargos destaca la gravedad de las actividades que, según la Fiscalía, desarrollaba Orellana y su estructura criminal.

Orellana Quijada fue detenido a principios de octubre, junto con otras 10 personas que también son acusadas de integrar una red criminal dedicada a la renta de inmuebles para la instalación de talleres ilegales.

Las investigaciones apuntan a que, bajo esta fachada, Orellana y su grupo de colaboradores engañaban a sus víctimas para que se involucraran en negocios fraudulentos, utilizando empresas previamente constituidas para crear un “andamiaje societario” que les permitiera llevar a cabo sus actividades ilícitas.

La Fiscalía continúa con la recolección de pruebas y el análisis de los múltiples delitos que se le imputan a Orellana, mientras que el Tribunal mantiene la detención provisional del acusado y de los demás implicados, a la espera de que avance el proceso judicial.

áreas delictivas, y subraya el compromiso del sistema judicial en garantizar la justicia y proteger a las víctimas de estos delitos.