La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa continuó el estudio de una propuesta de Ley de Alianzas Público Privadas (APP), iniciativa que busca establecer un nuevo marco jurídico para atraer inversión privada y desarrollar proyectos de infraestructura y servicios públicos mediante contratos de hasta 50 años.

Según el anteproyecto, la normativa pretende regular todas las etapas de las APP, desde la estructuración y licitación hasta la ejecución y finalización de los contratos, con el objetivo de definir mecanismos de supervisión y funcionamiento para este tipo de proyectos.

Durante la sesión, los diputados recibieron al presidente de la Invest in El Salvador, Rodrigo Ayala, quien explicó que uno de los propósitos de la propuesta es reducir trámites administrativos para agilizar los procesos vinculados a las alianzas público-privadas.

Ayala indicó que el modelo “no constituye una privatización bajo ningún esquema”, sino un mecanismo para ejecutar proyectos mediante procesos regulados y evaluaciones técnicas. También señaló que la iniciativa busca centralizar funciones en una Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas, encargada de custodiar información y coordinar los análisis relacionados con cada proyecto.

“Buscamos que una dirección sea la que tenga toda la facultad del proceso, la custodia de la información, el mecanismo de estudio y eso no excluye las competencias que ya tiene el Ministerio Público para cuidar y resguardar los bienes del Estado”, afirmó Ayala.

Por su parte, el diputado William Soriano señaló que este tipo de alianzas permitiría ampliar áreas de inversión y fortalecer sectores relacionados con infraestructura, educación, salud y construcción.

El legislador también sostuvo que la normativa podría generar mayor certeza jurídica para inversionistas y facilitar la participación entre instituciones estatales y empresas privadas en proyectos de desarrollo.

Creación de una nueva dirección

El anteproyecto contempla la creación de la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda con autonomía técnica, que tendría la función de coordinar, evaluar y supervisar los proyectos ejecutados bajo esta modalidad.

Además, la propuesta establece cuatro tipos de contratos según el origen de los recursos y bienes involucrados. Entre ellos figuran contratos autosostenibles, financiados mediante tarifas pagadas por usuarios, y contratos cofinanciados, que incluyen aportes o garantías estatales.