La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para reformar la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas (DGA), con el propósito de incorporar un mecanismo que obligue a los importadores a certificar que los bienes introducidos al país no han sido elaborados mediante trabajo forzado, obligatorio o infantil.

La modificación plantea agregar el artículo 27-A en el apartado “Sistema Aduanero”, dentro del capítulo relativo al control aduanero y las atribuciones de los entes fiscalizadores. Según explicó el jefe de Asuntos Internacionales de la DGA, Luis Manuel Córdova, la disposición establecería que los importadores deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que los productos no provienen de prácticas laborales prohibidas.

“Esta declaración jurada va a ser consignada en las declaraciones de importación”, indicó el representante de Aduanas.

De acuerdo con lo expuesto, si la DGA identifica señales de alerta que generen dudas razonables, podrá requerir información o documentación adicional para verificar que, en toda la cadena de suministro —fabricación, ensamblaje o distribución—, se hayan respetado las normas que prohíben la explotación laboral de menores y el trabajo forzado.

En caso de comprobarse que el importador falseó la declaración o no entregó la información solicitada, podría enfrentar sanciones administrativas, civiles o penales. Además, la autoridad aduanera estaría facultada para detener el trámite, retener preventivamente la mercancía o negar su ingreso al país, conforme a la legislación vigente.

Córdova señaló que la aplicación de la normativa implicará coordinación interinstitucional. “Ese mecanismo de control no será solo aplicado con la Dirección General de Aduanas, tendremos también el apoyo de otras instituciones de control comercial, como del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía”, detalló.

La DGA y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberán definir los lineamientos para la coordinación, el intercambio de información y la implementación de la medida, así como realizar ajustes en sus sistemas informáticos mediante herramientas de análisis de datos y gestión de riesgos.

De ser aprobada por el pleno legislativo, la reforma entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.