Vendedores de la Plaza Zacamil denunciaron que la Alcaldía de San Salvador Centro les ha emitido una advertencia de desalojo con fecha límite del 9 de diciembre, sin brindarles opciones claras para su reubicación. Los comerciantes consideran injusta la medida, ya que, aseguran, la plaza fue construida hace más de diez años por la extinta Alcaldía de Mejicanos para albergar a quienes no pudieron establecerse en el mercado Zacamil.

Según los vendedores, la actual administración, liderada por el alcalde Mario Durán, argumenta que el desalojo es parte del Plan de Reordenamiento de la Capital, implementado desde 2022, con el objetivo de embellecer la zona. Sin embargo, los comerciantes critican que esta decisión ignora el impacto que tendrá en las familias que dependen del comercio en la plaza para subsistir.

Los afectados han solicitado una prórroga hasta el 31 de diciembre para continuar con sus ventas durante la temporada navideña, y demandan alternativas concretas que garanticen la estabilidad de sus negocios. También destacaron la promesa del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de respetar los acuerdos previos sobre el uso del espacio, y llamaron a las autoridades a cumplir con los compromisos asumidos.

Según informó la comuna, esta medida responde a la necesidad de liberar el terreno para un proyecto que el MOP planea iniciar en los primeros días de 2025. Para garantizar una transición ordenada y respetuosa con la actividad comercial, se ha acordado permitir que los vendedores permanezcan en el lugar hasta el final de la temporada navideña, una época crucial para sus ingresos.

La Plaza Zacamil, construida para ordenar a vendedores que previamente ocupaban las calles, se ha convertido en un punto comercial clave para la zona. Los comerciantes enfatizaron que no abandonarán el lugar hasta que se les garantice una solución justa, y advirtieron que continuarán defendiendo su derecho a trabajar en el espacio destinado para ellos.

Este desalojo forma parte del plan de reordenamiento que ya ha impactado a más de 5,000 negocios informales en San Salvador desde su implementación, generando controversia entre sectores que piden más diálogo y opciones inclusivas por parte de las autoridades municipales.