El cambio climático no solo afecta la agricultura en El Salvador, sino que también amenaza sectores como el turismo en este país altamente vulnerable a sus impactos. La disponibilidad de agua, esencial para diversas industrias, se convierte en un factor crítico.

Con su pequeño territorio, densidad demográfica y ubicación en el Corredor Seco Centroamericano, El Salvador es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Fenómenos climáticos extremos, como sequías e inundaciones, son cada vez más frecuentes, afectando no solo la agricultura sino también la economía en general.

Un informe de la CEPAL advierte que la falta de inversión para contrarrestar el cambio climático podría reducir el crecimiento del PIB salvadoreño hasta en un 12%. Se estima que el país debería invertir el 5.5% de su PIB anualmente, aproximadamente $1600 millones, para mitigar estos efecto.

El BID alerta que la falta de medidas contra el cambio climático podría resultar en pérdidas anuales del 7% en el PIB. Entre los sectores más vulnerables se destaca el turismo, crucial para la economía salvadoreña, según la CEPAL. Investigaciones del FMI indican que la mayor vulnerabilidad climática se traduce en una disminución de los ingresos turísticos en relación con el PIB.

El Índice de Riesgo Climático sitúa a El Salvador en el puesto 103 de los países más vulnerables al cambio climático. La investigadora Meraris López destaca la disminución del acceso al agua, especialmente crítico en el sector agrícola. Entre 2012 y 2022, la disminución del 3% en el acceso al agua contrasta con un aumento del 16% en la demanda.

El riesgo climático también afecta la generación de energía eléctrica en El Salvador. Un tercio de la energía proviene de represas sobre el río Lempa, cuya capacidad podría disminuir en un 50% para el 2100. La falta de caudal obliga a recurrir a combustibles fósiles, encareciendo la producción y afectando la factura eléctrica.

La Asociación Salvadoreña de Industriales subraya la influencia del cambio climático en el sector energético. La dependencia de combustibles fósiles eleva los costos, impactando tanto a las familias como a la industria. La falta de políticas claras y financiamiento destinado a la conservación de ecosistemas vitales agrava la situación, según la investigadora Meraris López.