Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador avaló la cuadragésima primera prórroga del régimen de excepción, prolongando su vigencia por 30 días más, del 4 de agosto al 2 de septiembre, acumulando un total de 42 meses consecutivos desde su instauración en marzo de 2022.

La medida, impulsada por el oficialismo, permite la suspensión de derechos constitucionales relacionados con la detención, la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones.

Según el dictamen presentado por el Consejo de Seguridad, la prórroga es necesaria debido a que “el accionar de la delincuencia organizada continúa generando graves afectaciones al orden público”, lo cual justifica mantener medidas excepcionales para lograr su desarticulación total.

Los diputados de la bancada argumentaron que el régimen ha permitido una significativa reducción de homicidios en el país y que aún es necesario para garantizar la seguridad de la población.

Entre los derechos que continúan suspendidos figuran el derecho a contar con defensa desde el inicio del proceso judicial (art. 12, inc. 2), el plazo máximo de detención administrativa sin audiencia (art. 13, inc. 2) y la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones privadas (art. 24).

Durante la plenaria número 67 también se ratificaron reformas constitucionales que incluyen la salida de El Salvador del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la habilitación de la reelección presidencial indefinida, decisiones que marcaron una jornada legislativa clave para la actual administración.

Por su parte, el diputado Francisco Lira, de ARENA, votó en contra de la medida y señaló que “el régimen de excepción se ha convertido en una herramienta de control social que ha vulnerado derechos fundamentales”.

Desde su implementación, el régimen de excepción ha sido prorrogado cada mes, en un contexto de políticas de seguridad que han transformado el panorama institucional del país.