La Asamblea Legislativa aprobó, durante sesión plenaria, la Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), con el respaldo de 56 diputados. La normativa establece una nueva institución encargada de la rectoría, planificación y regulación de la pesca, la acuicultura y actividades relacionadas, bajo un enfoque de sostenibilidad y desarrollo económico.

De acuerdo con el texto aprobado, la ASEA será una entidad autónoma, con patrimonio propio y adscrita al Ministerio de Economía. Entre sus atribuciones estará integrar el enfoque de economía azul, orientado al uso responsable de los recursos marinos y de agua dulce mediante innovación y tecnología, sin comprometer su sostenibilidad.

La ley señala que el objetivo principal es diseñar e implementar políticas públicas vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional, el crecimiento del sector pesquero y acuícola, el uso racional de los recursos hidrobiológicos y la sostenibilidad ambiental, así como promover la cooperación entre los sectores público, privado y académico.

Durante la plenaria, el diputado de Nuevas Ideas, Ricardo Rivas, explicó que el marco legal busca impulsar la inversión, proteger los recursos marinos y agrícolas y modernizar la actividad pesquera. Según lo expuesto por el legislador, “más de 5,000 acuicultores y alrededor de 30,000 pescadores de mar abierto se beneficiarían directamente con la creación de la nueva autoridad”.

La normativa establece que la ASEA asumirá las funciones que actualmente ejercen el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA). Además, tendrá a su cargo la autorización, supervisión e inspección de las actividades del sector, con el fin de garantizar la trazabilidad, calidad e inocuidad de los productos pesqueros.

Asimismo, la institución promoverá la investigación científica, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades, en coordinación con entidades nacionales e internacionales. Según la ley, su financiamiento provendrá del Presupuesto General del Estado, ingresos por servicios, cooperación internacional y donaciones, y estará sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas y a auditorías externas.